Este martes 25, el Tribunal Constitucional evaluará la demanda contra la Ley N.° 32330, norma que permite juzgar como adultos a adolescentes de 16 y 17 años que cometen delitos graves. Para muchos sectores, esta ley constituye una herramienta indispensable para enfrentar la delincuencia juvenil organizada y garantizar justicia para las víctimas.

Frente a las críticas, es necesario precisar que la norma no se aplica a cualquier infracción, sino únicamente a delitos graves cometidos por menores que actúan con pleno discernimiento. Su objetivo es encontrar un equilibrio entre la protección del adolescente y el derecho de la sociedad a vivir segura.

El Estado peruano tiene la obligación constitucional de proteger a todos los ciudadanos, y esta ley se presenta como una respuesta excepcional para escenarios donde el sistema penal juvenil se queda corto ante crímenes de alto impacto.

La audiencia del TC deberá analizar este delicado balance entre derechos, priorizando la seguridad ciudadana, la proporcionalidad de la respuesta penal y el respeto por los estándares de justicia que demanda el país.