Por: Américo Solís

La libertad de expresión es un derecho que nadie puede ni debe restringir.

Sin embargo, como todo derecho, exige responsabilidad, especialmente cuando se trata de afirmaciones públicas que pueden afectar la reputación de personas e instituciones.

Resulta preocupante la actitud de la abogada Mónica Yaya, aspirante a senadora por un partido tradicional. El debate político y la fiscalización son necesarios en una democracia, pero no pueden sostenerse sobre calificativos que cruzan la línea de la prudencia y el respeto. Más aún cuando quien los emite es una profesional del Derecho, formada para valorar la evidencia, la presunción de inocencia y el peso de las palabras, y que además busca representar a la ciudadanía, por lo que debería contribuir a elevar el nivel de la discusión pública.

En este contexto, también preocupa que algunos sectores de la prensa utilicen este escenario para profundizar el deterioro de la imagen del presidente Jerí, priorizando enfoques que amplifican la confrontación antes que la verificación rigurosa de los hechos. La labor periodística es fundamental para la democracia, pero su credibilidad se sostiene precisamente en el equilibrio, la responsabilidad y el compromiso con la verdad.

Se puede y se debe exigir transparencia sobre las contrataciones en el Estado. Corresponde investigar, aclarar vínculos y determinar responsabilidades si las hubiera. Pero insinuar la existencia de un esquema de prostitución sin que medien pruebas concluyentes no solo tensiona el debate, sino que lo degrada.

Lo más cuestionable es que este tipo de afirmaciones termina afectando la dignidad de las mujeres, reproduciendo estigmas que durante años la sociedad ha intentado desterrar. La lucha por la igualdad no puede retroceder por declaraciones que, lejos de aportar claridad, alimentan prejuicios.

La política necesita voces críticas, sí, pero también mesura. El protagonismo no puede construirse a partir de frases estridentes ni de acusaciones que rozan el agravio. Quien aspira a un cargo de representación debe demostrar templanza, criterio y sentido de responsabilidad.

Toda denuncia debe investigarse, y para ello ya actúan la Fiscalía y la Contraloría. El lenguaje también exige responsabilidad, pues su uso sin medida afecta la calidad del debate público y debilita la confianza ciudadana.