La marcha nacional del 15 de octubre en Lima terminó marcada por la muerte de Eduardo Mauricio Ruiz Sáenz, de 32 años, hecho que desató conmoción y debate sobre el rol del Estado frente a la protesta ciudadana.
El presidente José Jerí descartó su renuncia y reafirmó que su deber es preservar la estabilidad del país, tras una sesión extraordinaria del Consejo de Ministros. En su mensaje, pidió calma y defendió la actuación del Gobierno, mientras el Congreso evalúa una moción de censura contra la Mesa Directiva como respuesta política a los enfrentamientos.
El Ministerio Público abrió una investigación preliminar por la muerte de Ruiz Sáenz, ocurrida por impacto de bala fuera del perímetro de seguridad, en la Plaza Francia. El ministro del Interior, Vicente Tiburcio, negó la presencia del Grupo Terna en la zona y pidió una investigación exhaustiva.
El Ministerio de Salud confirmó que el joven ingresó sin vida al Hospital Loayza, mientras el presidente Jerí exigió que las indagaciones sean “objetivas y completas”, advirtiendo que no se tolerará la impunidad ni el abuso de autoridad.
El jefe de la Policía, general Óscar Arriola, pidió perdón públicamente a la familia tras confirmarse que el disparo fue realizado por el suboficial Luis Magallanes, miembro de la Dirincri, quien ya fue puesto a disposición de la justicia.
Eduardo Ruiz Sáenz, vecino de San Martín de Porres y rapero urbano, deja un hijo de nueve años. Su muerte ha reavivado el debate sobre el uso proporcional de la fuerza y la responsabilidad del Estado en el manejo de protestas.
La Fiscalía realiza pericias técnicas y revisión de cámaras, mientras el Poder Judicial garantiza un proceso sin presiones políticas. En medio del dolor, se repite un mismo llamado: una investigación limpia, respeto a la protesta pacífica y responsabilidad institucional.
El país enfrenta hoy una doble exigencia: honrar la memoria de Ruiz Sáenz con verdad y justicia, y preservar la estabilidad democrática para evitar que el dolor se transforme en división.
