80% de viviendas son informales y 50% de hospitales es inadecuado

La emergencia no es solo climática: es institucional. Municipalidades, gobiernos regionales y el Ejecutivo están llamados —de manera inmediata— a hacer cumplir la ley, planificar el territorio y cerrar brechas antes de que las lluvias sigan cobrando vidas y servicios básicos.

Las lluvias intensas que azotan la región San Martín han puesto en evidencia una grave precariedad de la infraestructura y una alta vulnerabilidad urbana y rural, producto de años de informalidad, débil fiscalización y baja inversión sostenida. Según el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi), las precipitaciones en la selva continuarán con intensidad moderada a fuerte, escenario que ya ha provocado daños en viviendas, carreteras y establecimientos de salud, y llevó a la declaratoria de estado de emergencia en 23 distritos de la región.

Uno de los episodios más críticos ocurrió el 13 de enero en el Hospital II-2 de Tarapoto, que sufrió una inundación tras las intensas lluvias, exponiendo el deterioro de la infraestructura sanitaria. De acuerdo con la Oficina de Programación Multianual de Inversiones (OPMI) del Ministerio de Salud, en 2024 San Martín contaba con 10 hospitales, de los cuales el 50% opera con infraestructura y equipamiento inadecuados. Aunque la inversión programada permitiría reducir gradualmente la brecha entre 2025 y 2029, las proyecciones indican que al final del periodo el 95.8% de los establecimientos del primer nivel de atención seguiría en condiciones inadecuadas, manteniendo el riesgo para pacientes y personal de salud.

La situación se agrava por la informalidad en la vivienda, que incrementa la exposición de miles de familias ante eventos climáticos extremos. Al cierre de 2024, cuatro de cada cinco viviendas (80%) en San Martín eran informales, ubicando a la región como la sexta a nivel nacional con mayor proporción. 

Esto equivale a más de 68 mil viviendas levantadas en zonas no habilitadas o sin título de propiedad. La falta de supervisión técnica es alarmante: solo el 15% de las viviendas contó con asistencia de un ingeniero o arquitecto y apenas el 18% tuvo licencia de construcción. Como resultado, el 89% de las viviendas informales presenta techos de calamina, fibras de cemento o esteras, casi el doble del promedio nacional (47%), mientras que un tercio mantiene muros de adobe o quincha, aumentando su fragilidad estructural.

La infraestructura vial tampoco escapa a esta crisis. Según el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), al cierre de 2024 había 3,784 kilómetros de carreteras en San Martín —el 68% de la red vial total— en condiciones inadecuadas y con necesidad urgente de mantenimiento. El panorama es aún más crítico en la red vial departamental, bajo gestión del Gobierno Regional, donde el 92% de las vías presenta deficiencias que comprometen la conectividad, el abastecimiento y la atención de emergencias durante la temporada de lluvias.

Cerrar estas brechas de infraestructura exige una estrategia integral y sostenida: control efectivo de la expansión informal, fortalecimiento de la vivienda social, planificación urbana con enfoque de riesgo, y mantenimiento permanente de la red vial. En salud, es indispensable modernizar establecimientos y ampliar la capacidad hospitalaria. 

En ese camino, mecanismos como las Asociaciones Público-Privadas (APP) y las Obras por Impuestos (OxI) aparecen como alternativas clave para acelerar la construcción, renovación y mantenimiento de infraestructura estratégica. La emergencia actual deja una lección clara: la precariedad no es inevitable, y municipalidades, gobiernos regionales y el Ejecutivo son los primeros llamados a hacer cumplir la ley y actuar antes de que la próxima lluvia vuelva a evidenciar la misma deuda pendiente. Fuente:Instituto Peruano de Economía (IPE)