Según documento el concesionario deberá pagar 0.01% de una UIT por hectárea (S/ 0,55).
La aprobación regional de un proyecto de ecoturismo en territorio estratégico reabre la discusión sobre la verdadera capacidad del Estado para fiscalizar, frenar la depredación y garantizar que la conservación no sea solo un rótulo en el papel.
La Autoridad Regional Ambiental de San Martín (ARA), a través de la Dirección de Gestión Forestal y de Fauna Silvestre (DGFFS), emitió la Resolución Directoral N.° 675-2025-GRSM/ARASM/DGFFS, de fecha 27 de noviembre de 2025, declarando conforme el procedimiento para la concesión con fines de ecoturismo denominada “Los Andes”. El expediente fue presentado por el ciudadano Clemente Guzmán Chávez, quien solicitó la evaluación y aprobación de la propuesta que comprende una superficie de 1,644.1830 hectáreas y un perímetro de 17,019.87 metros, ubicada entre los distritos de Saposoa y Alto Saposoa, en la provincia del Huallaga, región San Martín.
La decisión coloca nuevamente en el centro del debate la gestión de los bosques regionales. En una región donde los recursos forestales son estratégicos y altamente vulnerables, cada concesión representa una oportunidad de desarrollo, pero también una prueba para la institucionalidad ambiental. El reto no es únicamente otorgar títulos, sino garantizar que el ecoturismo sea una herramienta real de conservación y no una puerta abierta a nuevas presiones sobre el bosque amazónico.
En el ámbito político local, el alcalde de la provincia del Huallaga, Rolando Zarria, fue enfático en deslindar responsabilidades. Señaló que la revisión y aprobación de las concesiones no es competencia municipal, sino del Gobierno Regional de San Martín, entidad que —según precisó— “revisa, da el visto bueno y emite la aprueba”. Subrayó además que no se trata de concesiones maderables: “Dice área de conservación para ecoturismo, no dice en ningún momento que es para extracción de madera”, enfatizó.
Sin embargo, la preocupación pública persiste debido a que el beneficiario estaría vinculado a actividades de extracción forestal. Frente a ello, el alcalde sostuvo que el documento no menciona tala y advirtió que cualquier incumplimiento implicaría denuncia penal y retiro inmediato del derecho otorgado. “El momento que tú tocas un palo, vas a ser denunciado penalmente; la mínima creo que son seis años”, afirmó, trasladando nuevamente la responsabilidad de fiscalización al nivel regional.
Zarria contextualizó el problema dentro de una política orientada —según dijo— a “ocupar estos territorios para no perderlos y que sean anexados a Amazonas”, en alusión a la presión territorial en zonas limítrofes con la región Amazonas. Aseguró que existen 36 comunidades que habrían ingresado desde esa jurisdicción, generando depredación en cabeceras de cuenca. Reconoció también la existencia de más de 5 hectáreas taladas en una cadena montañosa en el lindero con Bellavista y El Dorado. “Yo avalo las áreas de conservación, no avalo personas”, remarcó.
La tensión institucional se agudiza en un contexto donde —según el propio alcalde— la migración desbordada ha superado los controles estatales. La advertencia no es menor: “Ojalá que de aquí a unos 10 años no tengamos a Saposoa sufriendo estrés hídrico; alguien tiene que tomar acciones”.
Desde el ámbito técnico, el Gerente de la Autoridad Regional Ambiental, Ingeniero Carlos Villavicencio Vásquez, defendió el procedimiento. Explicó que la concesión no depende de la ocupación previa del solicitante, sino del cumplimiento de la normativa vigente. “Yo te puedo dar hasta a ti, si tú me lo pides”, respondió al ser consultado sobre la posibilidad de que un empresario maderero acceda a una concesión de ecoturismo, enfatizando que cualquier ciudadano puede postular si cumple los requisitos técnicos.
Villavicencio precisó que lo otorgado es únicamente el derecho de concesión, no la autorización de intervención. El concesionario deberá presentar un plan de manejo detallado, con cronograma y compromisos verificables. “Le he otorgado solamente el derecho. Tiene que presentarme un plan de manejo detallando qué va a hacer en la zona”, sostuvo. La fiscalización, añadió, comenzará una vez aprobado y ejecutado dicho plan, previsiblemente a partir de 2027 o 2028.
El gerente aseguró además que no existe inconveniente en transparentar el proceso y someterlo al escrutinio público. Sin embargo, el debate de fondo permanece intacto: ¿son suficientes los candados técnicos y la fiscalización posterior para impedir que el bosque termine siendo negocio disfrazado?
En la provincia del Huallaga confluyen tres fuerzas: la necesidad de proteger cabeceras de cuenca que abastecen de agua a Saposoa y otras localidades; la presión migratoria y económica que impulsa la ocupación del bosque; y una débil capacidad histórica de fiscalización estatal. La concesión “Los Andes” se convierte así en símbolo de una encrucijada mayor: conservación declarada frente a control efectivo.
La resolución no es un cheque en blanco. Pero tampoco es garantía automática de conservación. En territorios donde el bosque ha sido históricamente presionado por economías extractivas, la verdadera prueba no estará en la resolución firmada, sino en la vigilancia constante, la transparencia activa y la voluntad política de hacer cumplir la ley. El tiempo – y el estado de las nacientes – será el juez final.
