Entrevista al abogado Manuel Alva Jarama sobre el caso de la Municipalidad Provincial de Moyobamba, aún sin resolverse. Moyobamba cumplirá 485 años de fundación española, a 15 años de medio siglo, una ciudad sin rumbo. El abogado Manuel Alva Jarama cuestiona la demora del JNE.
Doctor, explíquenos el tema Peña Robalino. ¿A qué cree que se debe la demora?
La pregunta necesariamente está ligada a un contexto, y déjeme explicarle ese contexto, porque mucho se ha especulado sobre el tema. Incluso se ha tratado de tergiversarlo. En este caso se han pronunciado personas que se arrogan el título de conocedores del tema electoral. Sin embargo, lo que han hecho es causar incertidumbre y desinformación.
Vamos al tema en sí.
La figura representativa de la municipalidad, quien preside el Concejo Municipal —el alcalde—, fue imputado por dos delitos. El Ministerio Público solicitó al Poder Judicial una detención preliminar, que se ejecutó cuando el señor Peña se constituyó en la fiscalía para rendir su declaración, quedando detenido.
Posteriormente, la Fiscalía Anticorrupción solicitó prisión preventiva ante el Segundo Juzgado de Investigación Preparatoria, la cual fue declarada fundada. Ahora bien, ¿qué ocurre extramuros del sistema de justicia? Ernesto Peña, al estar privado de su libertad por una medida coercitiva agraviante, entra en causal de suspensión, conforme al artículo 25, numeral 3, de la Ley Orgánica de Municipalidades: «El ejercicio del cargo de alcalde o regidor se suspende por acuerdo de consejo en los siguientes casos: numeral 3, por el tiempo que dure el mandato de detención.»
El Jurado Nacional de Elecciones (JNE), previa comunicación, ratifica la suspensión. Sin embargo, al cumplirse el tiempo de prisión (20 meses, pues se le repusieron solo 2 de los solicitados por la fiscalía), Peña recupera su libertad y desaparece la causal de suspensión, con lo cual queda habilitado legal, política y administrativamente para reincorporarse como alcalde.
En esa sintonía, sus asesores legales iniciaron la solicitud de restablecimiento de su credencial ante el JNE. Para que esta proceda, debe dejarse sin efecto la credencial otorgada al alcalde interino. El tema, y seguramente a eso va su pregunta, es la demora en esa decisión. En entrevistas anteriores he citado el caso del alcalde de Pasco, donde el restablecimiento demoró unos 8 meses. En el caso del señor Peña, ese plazo ya se ha superado, y hay particularidades que agravan la situación.
¿Podría detallar esas particularidades?
Uno de ellos es la intervención de ciertos sectores de la sociedad civil —y uso ese eufemismo intencionalmente—, quienes en realidad son aliados del señor Ronaldo Gárate, el alcalde encargado. Estas personas han promovido una serie de acciones para dilatar la decisión del Jurado Nacional de Elecciones.
Desde un punto de vista constitucional y legal, podría parecer legítimo. La Constitución, en su artículo 2, inciso 20, reconoce el derecho de petición. Sin embargo, al revisar el contenido de estas solicitudes, queda claro que el fondo de las mismas es entorpecer el proceso, no hacer respetar el orden democrático.
¿Hay intereses oscuros detrás?
Si aplicamos el sentido común, la respuesta es afirmativa. Hay intereses detrás, y algunos no lo hacen de manera velada: lo hacen abiertamente, como un periodista que es autor de una de esas solicitudes, y otro ciudadano que incluso ya se encuentra en la esfera de la investigación penal y judicial.
Estos personajes representan a grupos con intereses políticos y económicos muy concretos. La animadversión contra el señor Peña no solo es social o política: tiene raíces económicas.
¿Mientras tanto?
Moyobamba está en el abandono. Han presentado incluso un recurso de “reconsideración” sin fundamento, pues no hay resolución que reconsiderar. El documento no tiene sentido procesal; no hay congruencia entre lo que se pide y la sumilla del escrito. Esto solo confirma que el objetivo es dilatar, bloquear, impedir que el JNE actúe conforme a derecho.
Y mientras tanto, Moyobamba vive un caos. Las calles están destruidas. A nivel provincial y externo, la ciudad está en abandono total. El alcalde encargado no tiene liderazgo ni voluntad de gestión. Se cumplen 485 años de fundación este viernes, y la ciudad está sumida en una crisis institucional y administrativa.
Peor aún, hay actos de corrupción: mocha sueldos, fondos desaparecidos, creación de partidas presupuestales para fines no prioritarios. En resumen, hay una acefalia institucional absoluta, y todo se reduce a impedir el retorno de Ernesto Peña.
Moyobamba, la cuna de la cultura, no merece esto. ¿Su mensaje final?
Mi mensaje final es que, como ciudadanos conscientes, debemos tomar plena consciencia de la crisis institucional que vivimos. Moyobamba, la más antigua de la Amazonía peruana, no puede continuar en esta mediocridad. Nuestras autoridades deben tener vocación de servicio, y eso hoy no se refleja en quienes están ocupando el poder local.
¿Y esa lógica también se ve en el Poder Judicial?
Obviamente. Hay mucho que corregir en el sistema de justicia. En su momento podemos tener una entrevista solo para hablar de las “cositas” que ocurren dentro del Poder Judicial. La justicia debe estar por encima incluso del marco legal estricto, como lo señala la Constitución, pero eso no ocurre cuando hay magistrados que no están a la altura de la alta responsabilidad que implica administrar justicia.