Basta con alzar la mirada en numerosas calles de nuestras ciudades —en el país y en la región— para encontrar una escena que se ha vuelto cotidiana y, peligrosamente, normalizada: postes saturados de cableado eléctrico, telefónico y de fibra óptica, cables cruzados sin orden alguno, rollos en desuso colgando, cajas de empalme expuestas y líneas que discurren a escasos centímetros de balcones, ventanas y techos.
Esta imagen no solo evidencia una grave contaminación visual, sino que revela un problema mucho más serio: un riesgo eléctrico permanente derivado del incumplimiento de las Distancias Mínimas de Seguridad, una situación que compromete directamente la integridad de peatones, vecinos y transeúntes.
Lejos de ser un asunto meramente estético, la acumulación descontrolada de cables ha convertido a muchos postes en verdaderos nudos de peligro. Cables activos mezclados con cables obsoletos, muchos de ellos sin identificación y deteriorados por el sol y la lluvia, elevan de manera significativa la probabilidad de descargas eléctricas, cortocircuitos, incendios y caídas de líneas durante lluvias o vientos fuertes. En zonas comerciales y residenciales, el cableado llega incluso a quedar a la altura del cuerpo humano, exponiendo a la población a accidentes totalmente evitables con una gestión adecuada y una fiscalización efectiva.
Este escenario es el resultado de años de crecimiento urbano desordenado, sumados a la falta de control sobre la infraestructura instalada por empresas eléctricas y de telecomunicaciones, que han ido superponiendo redes sin retirar las antiguas ni respetar las condiciones técnicas mínimas. A ello se añade la débil —o inexistente— intervención de las autoridades locales, que han permitido la ocupación indiscriminada del espacio público sin exigir el cumplimiento de las normas de seguridad ni el retiro del cableado en desuso.
Ante esta problemática, el Estado aprobó la Ley N.° 31595, una norma que busca poner fin al caos aéreo en las ciudades mediante el retiro de cables aéreos obsoletos, con el objetivo de mejorar la seguridad ciudadana, reducir riesgos eléctricos y recuperar el orden urbano. La implementación de esta ley está a cargo del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), con la participación del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA), estableciendo responsabilidades concretas para las empresas involucradas.
La ley es clara: las empresas eléctricas y de telecomunicaciones deben identificar y etiquetar los cables activos, retirar los que se encuentren en desuso y coordinar estas acciones con las municipalidades, responsables del ordenamiento del espacio público. Además, fija un plazo preciso e ineludible: el 14 de marzo de 2026, fecha límite para eliminar el cableado aéreo obsoleto, bajo riesgo de sanciones administrativas para quienes incumplan.
Sin embargo, la realidad en las calles desmiente el espíritu de la norma. A medida que el plazo se acorta, las marañas de cables permanecen intactas, sin señales visibles de retiro, identificación o reordenamiento. No hay campañas informativas, no se perciben operativos sostenidos ni acciones de fiscalización efectivas. Las municipalidades, llamadas a ser actores clave, parecen ausentes, y las entidades responsables de supervisar el cumplimiento de la ley no exhiben resultados concretos.
Así, el cableado aéreo desordenado se convierte en el símbolo de un problema estructural mayor: leyes que existen solo en el papel. La Ley 31595 fue concebida para proteger a la ciudadanía y mejorar la calidad del entorno urbano, pero sin voluntad política, sin control real y sin sanciones ejemplares, corre el riesgo de engrosar la larga lista de disposiciones que nunca se cumplen. Mientras tanto, miles de personas continúan caminando cada día bajo un cielo de cables enredados, expuestas a un peligro silencioso que nadie parece dispuesto a enfrentar. Porque no se trata sólo de cables: se trata de seguridad, de responsabilidad pública y del respeto a la ley; una ley que, hasta hoy, sigue sin cumplirse.
