Nuestros pueblos necesitan vivir en paz; que el poder por el lucro no se disfrace de defensa territorial.
Las decisiones del Estado no se discuten, se cumplen. Bajo esa premisa se desarrolla una historia que va mucho más allá de una simple disputa de límites: es el relato de hechos irresponsables, acciones sin respaldo legal, violencia organizada, humillaciones públicas y amenazas directas a servicios básicos, que han puesto en riesgo la convivencia entre pueblos hermanos.
El conflicto entre Nueva Cajamarca y el distrito de Elías Soplín Vargas – Segunda Jerusalén no nació ayer ni responde a un vacío legal reciente. El 24 de julio de 2014 ya existía un acto oficial de delimitación territorial, sustentado en la Ley N.º 24040, firmado por los entonces alcaldes José Santos Díaz Carrasco y César Alvites, documento que reconocía de manera expresa el límite entre ambas jurisdicciones hace más de 10 años.
Desconocer hoy esa acta no es un error técnico ni una confusión administrativa: es desconocer la ley. Sin embargo, el conflicto no empezó con papeles, sino con hechos consumados. Desde Elías Soplan Vargas – Segunda Jerusalén- se iniciaron trabajos físicos en territorio en disputa sin delimitación oficial, sin resolución de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) y sin sustento técnico: zanjas abiertas a los costados de la carretera Fernando Belaúnde Terry, marcaciones improvisadas y señales de apropiación territorial, mientras las reuniones técnicas se acumulaban sin resultados concretos. Lo que siguió no fue diálogo, fue violencia.
Durante los disturbios, la doctora Zadid Ángeles, ex asesora del Frente de Defensa de Nueva Cajamarca, fue agredida físicamente en un acto calificado como abuso colectivo. A Augusto Sánchez Guamán, presidente del mismo frente, le arrebataron violentamente su celular, en una clara acción de intimidación. El punto de quiebre llegó con la colocación de un letrero territorial, un acto simbólico, pero profundamente provocador, al pretender fijar un límite inexistente. Hubo gritos, amenazas y llamados abiertos a cerrar la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR) de Nueva Cajamarca, poniendo en grave riesgo la salud pública. Esa noche, el conflicto cruzó una línea peligrosa.
En la plaza de Elías Soplan Vargas se realizó una asamblea que no buscó consenso, sino presión social. Se expuso, humilló y señaló públicamente a representantes de Nueva Cajamarca. Las rondas campesinas asumieron un rol que no les corresponde en un conflicto técnico-administrativo, actuando como fuerza de choque social. Todo esto ocurrió antes de que existiera información oficial del Estado; las agresiones precedieron a cualquier pronunciamiento formal.
Después de los disturbios aparecieron reuniones en oficinas de la Autoridad Regional Ambiental (ARA), pero incluso tras esas actas, los trabajos continuaron y las zanjas avanzaron más allá del ámbito urbano, profundizando la provocación y la desconfianza.
Frente a este escenario, el alcalde de Nueva Cajamarca tomó una decisión clave: no incendiar el conflicto. Elevó el caso a la Presidencia del Consejo de Ministros, activó los canales formales de demarcación territorial y exigió una respuesta técnica. La gestión dio frutos. La PCM emitió la constancia de anotación en el Registro Nacional de Límites, documento que desmonta cualquier intento de apropiación por la fuerza y confirma que nadie tenía derecho a imponer límites al margen del Estado. La decisión fue clara y definitiva: la PCM ya decidió.
Desde ese momento, ninguna municipalidad tiene derecho a interpretar, modificar o desconocer lo dispuesto por el Estado. Retirar hitos, avanzar obras o provocar enfrentamientos no es defensa territorial, es desacato. Aquí no hay dos verdades: hay una sola autoridad, el Estado peruano. Quien cumpla se mantiene dentro de la ley; quien no, enfrentará procesos administrativos, denuncias penales y, de ser necesario, la intervención directa del Gobierno Central. Más allá de ganar espacios, la pregunta persiste: ¿cuál es el verdadero móvil? Nuestros pueblos no necesitan más confrontación, sino paz, respeto a la ley y sana convivencia, sin que el poder ni el lucro se disfracen de causa justa. Fuente: Radio California.
