Situación fue advertida en las comisarías de San Hilarión, Picota, Juanjuí, Bellavista, Morales y Banda de Shilcayo.

Una millonaria inversión destinada a reforzar la seguridad ciudadana en San Martín enfrenta serias deficiencias de gestión. 48 motocicletas de alta gama no estarían recibiendo el mantenimiento preventivo exigido, mientras cámaras corporales y radios permanecen guardadas o presentan fallas, poniendo en riesgo la operatividad policial y el uso eficiente de los recursos públicos.

La seguridad ciudadana no solo depende de tener más vehículos en las calles, sino de garantizar que cada unidad esté operativa y que la tecnología adquirida con dinero público cumpla la función para la que fue comprada. En San Martín, esa premisa vuelve a quedar en entredicho luego de que la Contraloría General de la República (CGR) advirtiera deficiencias en la administración de bienes adquiridos por el Gobierno Regional de San Martín por un valor contractual de S/ 2 128 749.

Se trata de 48 motocicletas equipadas de alta gama, destinadas a fortalecer el servicio de seguridad ciudadana en distintas comisarías de la región. Sin embargo, durante una visita de control realizada entre el 13 y el 17 de julio de 2026, la Contraloría identificó que varias de estas unidades no venían recibiendo el mantenimiento preventivo obligatorio establecido por el fabricante cada 2 000 kilómetros.

La situación fue advertida, entre otras dependencias policiales, en las comisarías de San Hilarión, Picota, Juanjuí, Bellavista, Morales y Banda del Shilcayo. El problema no es menor. De acuerdo con las condiciones establecidas por el fabricante, existe un margen de tolerancia de apenas 200 kilómetros; superado ese límite, las motocicletas podrían perder la garantía comercial. En otras palabras, lo que hoy aparece como una omisión administrativa podría terminar convirtiéndose mañana en una factura mucho más elevada para el Estado por reparaciones derivadas de fallas mecánicas severas.

Una motocicleta adquirida para reforzar el patrullaje pierde sentido si permanece fuera de servicio por falta de mantenimiento. El desgaste prematuro de las unidades reduce la capacidad operativa de las comisarías y, en la práctica, significa menos vehículos disponibles para responder ante una emergencia, atender una denuncia o reforzar la presencia policial en zonas donde la ciudadanía reclama mayor protección.

Pero el problema no termina en los motores. Las motocicletas fueron entregadas junto con equipamiento tecnológico destinado a modernizar las intervenciones policiales, entre ellos cámaras corporales inteligentes (bodycams) y radios portátiles. Estos dispositivos tienen una función que va mucho más allá de lo accesorio: permiten documentar las intervenciones, mejorar la comunicación y generar un respaldo audiovisual tanto para el ciudadano como para el propio efectivo policial.

Sin embargo, la Contraloría encontró que en las comisarías de Tarapoto y Banda del Shilcayo las cámaras corporales y otros accesorios permanecían guardados en sus cajas, sin cumplir la finalidad para la cual fueron adquiridos. En otros puntos de la región, los equipos presentaban problemas de funcionamiento, incluso con mensajes como “falló inicio de sesión”.

La paradoja resulta evidente: mientras el Estado invierte millones en herramientas destinadas a mejorar la seguridad, parte de esa tecnología permanece almacenada o inutilizada. El dinero está gastado, los equipos existen, pero la ciudadanía no recibe necesariamente el beneficio esperado.

La observación está contenida en el Informe de Control Concurrente n.° 10687-2026-CG/GRSM-SCC, correspondiente a la evaluación realizada en julio. Frente a los hechos advertidos, la Contraloría General de la República notificó al titular del Gobierno Regional de San Martín para que adopte las medidas preventivas y correctivas que correspondan.

El caso deja una pregunta de fondo: ¿de qué sirve invertir más de S/ 2.1 millones en motocicletas y tecnología para seguridad ciudadana si no se garantiza su mantenimiento, funcionamiento y utilización efectiva? La seguridad no se construye únicamente con compras millonarias ni con equipos de última generación. Se construye asegurando que cada sol invertido termine convertido en patrullaje, respuesta policial y protección real para la población.

Ahora corresponde al Gobierno Regional de San Martín corregir las deficiencias advertidas, evitar que las motocicletas pierdan su garantía y garantizar que las cámaras y radios dejen de ser equipos guardados o defectuosos para convertirse en herramientas efectivas contra el delito. Porque cuando se trata de seguridad ciudadana, un vehículo detenido y una cámara dentro de una caja no protegen a nadie.