La vivienda formal es casi imposible
Es tan difícil edificar, urbanizar y generar vivienda formalmente, que también la vivienda peruana termina siendo informal, precaria y vulnerable.
Como viene denunciando la Asociación de Contribuyentes reiteradamente, la formalidad es el problema a resolver. La informalidad es solo un efecto, un síntoma del problema de fondo: en Perú, ser formal es un martirio, un sacrificio innecesario en el que resultamos siendo perseguidos por la SUNAT, la SUNAFIL y una infinidad de entidades públicas ensaladas en controlar, obstaculizar, sin ayudar a los emprendedores y empresarios y lo mismo pasa en el sector vivienda.
La informalidad en la vivienda es uno de los problemas más críticos y persistentes en el Perú. Se estima que más del 90% de la expansión urbana en el país ocurre de manera informal, y el 73% de las viviendas son producto de la autoconstrucción. Esto ha generado ciudades con infraestructura precaria, viviendas vulnerables a desastres naturales y servicios públicos insuficientes. Además, la burocracia excesiva y los altos costos de formalización han incentivado esta situación, haciendo que la mayoría de los ciudadanos busque soluciones fuera del marco legal.
El acceso a una vivienda digna es un derecho fundamental y una condición indispensable para el desarrollo económico y social de las familias. No obstante, la actual regulación del suelo y la construcción presentan trabas que dificultan el acceso a viviendas formales y asequibles.
La informalidad en la vivienda en el Perú es el resultado de un conjunto de incentivos perversos que fomentan la ocupación ilegal de terrenos y la autoconstrucción precaria, en detrimento de un mercado formal de vivienda accesible. Este fenómeno es impulsado por dos factores principales:
El proceso para obtener una habilitación urbana y una licencia de construcción en el Perú es engorroso y costoso, lo que desalienta a los ciudadanos y promueve la informalidad. Los permisos pueden tardar años en aprobarse, lo que lleva a muchas familias a optar por la autoconstrucción en terrenos informales sin acceso adecuado a servicios básicos.
La mayoría de los ciudadanos que necesitan vivienda no califican para créditos hipotecarios debido a sus ingresos informales o bajos. Los programas de vivienda social tienen requisitos que excluyen a una gran parte de la población, lo que los obliga a construir por su cuenta, muchas veces sin asesoría técnica.