Entre el equilibrio fiscal y la seguridad alimentaria, la política de precios busca ordenar el comercio exterior y fortalecer la articulación entre Estado, productores y consumidores.
El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) aprobó los precios de referencia y los derechos variables adicionales aplicables a las importaciones de maíz, azúcar, arroz y leche entera en polvo, como parte del mecanismo que regula el ingreso de estos productos al país y contribuye a la estabilidad del mercado interno. La medida fue oficializada mediante la Resolución Viceministerial n.° 002-2026-EF/15.01, publicada el 22 de enero de 2026 en el boletín de Normas Legales del diario oficial El Peruano.
Según la norma, el precio de referencia del maíz se fijó en US$ 213 por tonelada métrica (TM), sin la aplicación de derecho variable adicional (US$ 0 por TM), lo que refleja un escenario de precios internacionales alineados con el rango esperado. Para el azúcar, en cambio, el precio de referencia fue establecido en US$ 426 por TM, con un derecho variable adicional de US$ 105 por TM, orientado a amortiguar distorsiones del mercado externo y proteger la producción local.
En el caso del arroz, el precio de referencia se determinó en US$ 443 por TM, con derechos variables adicionales diferenciados: US$ 139 por TM para el arroz cáscara y US$ 199 por TM para el arroz pilado, reconociendo las particularidades de cada presentación y su impacto en la cadena productiva. Finalmente, para la leche entera en polvo, el precio de referencia quedó en US$ 3 928 por TM, sin derecho variable adicional (US$ 0 por TM).
De acuerdo con el MEF, el precio de referencia representa el valor internacional del producto, mientras que el derecho variable adicional funciona como un arancel flexible, ajustado periódicamente para mantener el precio de importación dentro de un rango preestablecido, con el objetivo de proteger a los productores nacionales sin perjudicar a los consumidores. En ese marco, la actualización de estos parámetros busca mejorar la coordinación entre los distintos niveles del Estado, fortalecer la previsibilidad para los agentes económicos y equilibrar la defensa del mercado interno con la estabilidad de precios, en un contexto de alta sensibilidad para la seguridad alimentaria del país.
