La reciente aprobación del proyecto inmobiliario Prana Lagoons por parte del Concejo Provincial de San Martín ha encendido la alarma en colectivos ciudadanos, ambientalistas y parte del propio concejo. El plan contempla la construcción de condominios sobre 40 hectáreas dentro de la faja marginal de Ricuricocha, una zona de alto valor ecológico cuya afectación podría generar consecuencias irreversibles en el ecosistema.
A raíz de la creciente presión ciudadana, tres regidores Juan Rocha, Joao Alfaro y Gilber Escudero reconsideraron su voto inicial y se pronunciaron en contra del proyecto. En contraste, el regidor Kevin Salas ratificó su respaldo a la iniciativa en una entrevista radial, donde sostuvo que “no corresponde dar marcha atrás” y que lo prioritario es “evitar conflictos que frenen el desarrollo urbano”.
Diversos sectores cuestionan que se hable de “consenso técnico” en un caso que vulnera disposiciones ambientales y que podría alterar un hábitat natural esencial para la biodiversidad de la zona. Ricuricocha alberga especies endémicas, cumple un rol fundamental en la regulación hídrica de la cuenca y forma parte del patrimonio natural de San Martín.
Desde la sociedad civil se advierte que el desarrollo no puede construirse a costa de la destrucción ambiental, y que decisiones como esta deben priorizar el bienestar colectivo, la sostenibilidad y el respeto a la normativa vigente.
La ciudadanía ha expresado tres demandas claras: la reversión inmediata de la habilitación urbana, el respeto a la protección legal de la faja marginal y que los regidores actúen con responsabilidad histórica, priorizando el interés público frente a eventuales beneficios privados.