“Bosques talados, hornos encendidos… y sanciones apagadas”
«Tala ilegal, varias incautaciones, pocas condenas»
Un nuevo operativo forestal volvió a desnudar la herida abierta que arrastra San Martín desde hace décadas: la tala ilegal sigue viva, y con ella, la inacción que la permite. Esta vez, la intervención se realizó en el sector de Buri Buri, en el límite entre los distritos de Juan Guerra y Cuñumbuqui, donde se constató una grave afectación a los bosques en la zona de amortiguamiento de la cordillera Escalera.
Personal técnico de la Autoridad Regional Ambiental (ARA), junto a efectivos de la Policía Nacional del Perú de la Unidad Desconcentrada de Protección en Materia Ambiental (UNIDPMA), hallaron un horno artesanal para la producción de carbón vegetal, cargado con aproximadamente 21 metros cúbicos de madera de las especies quinilla y chucchumbo. Se trataba de un campamento rústico, hecho con madera extraída del mismo bosque arrasado, en plena actividad y sin rastro de permisos ni control.
El Ministerio Público ordenó la destrucción del horno y las estructuras ilegales. Hasta ahí, el operativo cumplió su papel de contención. Pero la pregunta inevitable es: ¿y luego qué?
¿Sanciones que no llegan?
En los últimos años, los operativos forestales y decomisos de madera han sido frecuentes en toda la región. Sin embargo, cuando se trata de pasar de la intervención al castigo, las cifras se diluyen.
¿Cuántas de estas acciones terminan en sanciones efectivas? ¿Cuántas personas han sido realmente procesadas o sentenciadas por tala ilegal en San Martín? Organizaciones ambientales y autoridades regionales reconocen en privado lo que pocos dicen en público: la gran mayoría de intervenciones se quedan en informes, sin sanciones firmes ni responsables identificados.
Fiscalías ambientales: ¿reactivas o ineficaces?
Aunque el Ministerio Público cuenta con Fiscalías Especializadas en Materia Ambiental (FEMA), estas enfrentan un cuello de botella crítico: limitaciones de personal, falta de peritos forestales, demoras en la cadena de custodia de pruebas, y en muchos casos, procesos que prescriben sin sanción.
Lo cierto es que, mientras los bosques siguen cayendo bajo motosierras y se siguen encendiendo hornos ilegales, no hay claridad sobre cuántas sanciones firmes existen hoy en la región, ni si se ha logrado desarticular alguna red de tráfico de madera que opere a gran escala. La sensación es de impunidad.
Una cadena sin freno
Lo ocurrido en Buri Buri es solo una muestra. Se trata de un patrón que se repite: áreas remotas, extracción sin control, presencia de hornos clandestinos, y campamentos que desaparecen tras la llegada de las autoridades, pero que reaparecen semanas después en otro punto del bosque.
Este modus operandi no es improvisado. Hay logística, rutas de salida, compradores y permisividad. Y mientras la región de San Martín se promociona como modelo de conservación y transición productiva, la tala ilegal avanza por las rendijas del sistema legal y político.
Preguntas que urge responder:
- ¿Cuántos operativos forestales realizados en San Martín en los últimos cinco años han terminado en sanciones judiciales firmes?
- ¿Qué avances concretos muestra la Fiscalía Ambiental en el combate a la tala ilegal?
- ¿Se ha identificado a redes organizadas o solo se sanciona a pequeños extractores?
- ¿Qué hace falta para que las intervenciones no se queden solo en destruir hornos?
¿Cuántas sanciones efectivas existen en San Martín por tala ilegal?
La información disponible indica que las sanciones efectivas por tala ilegal en San Martín son escasas. Un caso destacado es el de Aníbal Pérez Díaz, quien fue condenado a seis años y ocho meses de prisión efectiva por la tala ilegal de especies como cedro, ishpingo, moena y caraña en la Concesión para la Conservación Gran Simacache, en el distrito de Saposoa. Sin embargo, no se dispone de datos precisos sobre el número total de sanciones efectivas en la región.
¿Las fiscalías ambientales han mostrado avances sancionando a los infractores?
Las Fiscalías Especializadas en Materia Ambiental (FEMA) han logrado algunas condenas, pero enfrentan desafíos significativos. Según un informe de la Fiscalía de la Nación, la implementación de la Ley 31973 ha tenido un impacto en los procesos penales relacionados con la tala ilegal, aunque no se detallan estadísticas específicas para San Martín. Además, un estudio sobre la eficacia de la persecución del tráfico ilegal de productos forestales maderables en las fiscalías especializadas señala que, de 32 carpetas fiscales analizadas, muchas enfrentan dificultades debido a la falta de recursos y personal capacitado.
¿Qué resultados tenemos?
En la última década, los resultados en la lucha contra la tala ilegal en San Martín son limitados. A pesar de los esfuerzos de las autoridades, como la incautación de miles de pies tablares de madera aserrada de varias especies en áreas protegidas, la falta de sanciones efectivas y la debilidad institucional permiten que la tala ilegal persista.
Estadísticas alarmantes sobre la tala ilegal en San Martín
Pérdida de cobertura vegetal: Desde 2004 hasta julio de 2023, San Martín ha perdido aproximadamente 69,000 hectáreas de cobertura vegetal debido al cambio de uso de tierras, muchas veces vinculado a actividades ilegales como la tala indiscriminada.
Deforestación anual: En 2022, se registró la pérdida de 7,865 hectáreas de bosques en la región.
Irregularidades en inspecciones: El Organismo de Supervisión de los Recursos Forestales y de Fauna Silvestre (OSINFOR) detectó que el 80% de las inspecciones realizadas entre 2009 y 2016 presentaron irregularidades, evidenciando la magnitud del problema.
Opiniones
Mario Torres, exjefe de planeamiento de la Autoridad Regional Ambiental de San Martín, señaló que la falta de presupuesto limita la ejecución de operativos contra la tala ilegal. En 2022, la entidad solo recibió 100,000 soles para estos fines, monto insuficiente considerando que cada intervención cuesta aproximadamente 15,000 soles.
Iván Rojas García, ecologista, advirtió que las modificaciones a la Ley Forestal han flexibilizado la explotación de recursos forestales, afectando especies protegidas y áreas de conservación. Esta situación ha puesto en riesgo la biodiversidad y el equilibrio ecológico de la región.
Desafíos en la aplicación de sanciones
A pesar de las disposiciones legales que contemplan penas de hasta 6 años de prisión por tala ilegal, la aplicación efectiva de sanciones es limitada. La falta de recursos, la corrupción y la débil articulación entre entidades contribuyen a la impunidad.
Prevenir para vivir.
La tala ilegal en San Martín representa una amenaza para el medio ambiente y la vida. Es imperativo fortalecer la fiscalización, aumentar los recursos destinados a la protección forestal y garantizar la aplicación efectiva de las leyes para preservar los bosques y la vida en la región.