La ONPE enfrenta cuestionamientos tras revelarse que destinó más de S/41 millones a la compra de equipos informáticos que no fueron utilizados durante las Elecciones Generales 2026 en Perú, pese a contar con un presupuesto cercano a los S/700 millones para la organización del proceso.

La inversión incluyó la adquisición de 31,234 computadoras portátiles y 9,550 impresoras, que no pudieron ser empleadas debido a fallas logísticas, problemas técnicos y limitada capacitación del personal en los locales de votación. A ello se sumó la contratación de un servicio de soporte técnico por S/144 millones, monto que supera ampliamente la inversión en los propios equipos.

De acuerdo con el informe difundido por el medio Territorio Tomado, estas contrataciones se realizaron bajo un régimen especial que dejó sin efecto los procedimientos regulares establecidos en la Ley de Contrataciones del Estado, lo que redujo los niveles de transparencia y control.

La abogada Mónica Yaya, expresidenta del Tribunal de Contrataciones del Estado, advirtió que no existe información pública suficiente sobre los procesos de selección, como empresas participantes, propuestas económicas o condiciones de competencia, lo que genera serias dudas sobre la legalidad y eficiencia del gasto.

Uno de los casos más observados es la compra de computadoras por S/31,5 millones a la empresa SIP CORP S.A., que previamente había sido sancionada por la propia ONPE por incumplimientos en la entrega de equipos. En tanto, la adquisición de impresoras, por más de S/9,5 millones, fue adjudicada a una empresa con limitada experiencia en contrataciones estatales.

Durante la jornada electoral, aunque los equipos fueron instalados en las mesas de sufragio, no pudieron ser utilizados por falta de conectividad, energía adecuada y entrenamiento del personal, obligando a retornar al sistema manual tradicional para el registro y traslado de actas.

Asimismo, la Contraloría General de la República detectó irregularidades técnicas, como la ausencia de herramientas de seguridad digital necesarias para proteger la información electoral, lo que incrementó los riesgos en el manejo de resultados.

El caso ha abierto un nuevo debate sobre la gestión de los recursos públicos en procesos electorales, evidenciando la necesidad de modernizar el sistema con eficiencia, pero también con transparencia y control efectivo.