La creciente influencia de economías ilegales en la política preocupa a la ciudadanía y a especialistas. En un escenario electoral fragmentado, la transparencia del financiamiento y el impacto socioambiental de la minería ilegal se vuelven claves para una decisión informada.

El avance de la minería ilegal como actor político genera una profunda desconfianza en la ciudadanía. Una encuesta de Ipsos, realizada para el colectivo País Seguro y publicada por Perú21, revela que el 71 % de los peruanos considera probable que las campañas electorales del 2026 sean financiadas con dinero proveniente de la minería ilegal, un delito que no solo erosiona el medio ambiente, sino que amenaza la gobernabilidad democrática del país. El estudio se aplicó a 1.051 ciudadanos y refleja un clima de creciente preocupación por la penetración de economías ilícitas en el sistema político.

Según los resultados, el 32 % de los encuestados considera muy probable que se utilicen recursos de origen ilícito en las campañas electorales, mientras que un 39 % cree que es probable. En contraste, apenas un 18 % estima que esta posibilidad es poco o nada probable, un 6 % mantiene una posición neutral y un 5 % no precisa su opinión. Para los analistas, estas cifras confirman una percepción extendida de fragilidad institucional frente al poder del dinero ilegal.

El analista político Iván Arenas advirtió que el fenómeno representa un riesgo concreto para la gobernabilidad. “Nunca se ha visto una representación directa tan clara. Antes delegaban, ahora quieren estar ellos mismos en el Congreso o en el Ejecutivo”, señaló. A su juicio, esta incursión política no busca solo defender intereses vinculados al REINFO (Registro Integral de Formalización Minera), sino impulsar una agenda más amplia, que podría articularse con otras economías ilegales, como el narcotráfico o el tráfico de armas, profundizando el impacto social y ambiental del delito.

La preocupación se sustenta en hechos recientes. Se ha documentado que 168 mineros informales de Pataz, con REINFO vigente, están afiliados al partido Alianza para el Progreso (APP). Además, se registraron 158 visitas de dirigentes mineros informales al Congreso de la República entre enero de 2024 y mayo de 2025, concentrándose el mayor número durante el debate por la prórroga del REINFO. Si bien el congresista por Madre de Dios, Eduardo Salhuana, defendió estas visitas señalando que “este es un país libre y democrático”, especialistas alertan que esta dinámica puede convertirse en un canal directo de influencia de intereses ilegales en la toma de decisiones públicas.

Otro dato inquietante de la encuesta es que un 16 % de los peruanos no considera la minería ilegal como un delito, lo que evidencia un proceso de validación social de esta actividad en determinadas regiones. En estos territorios, la minería ilegal ha logrado instalar un discurso que minimiza su impacto ambiental y social, presentándose como una fuente de ingresos frente al abandono del Estado, lo que complejiza aún más su erradicación.

La advertencia es clara: la relación entre delito, política y financiamiento electoral plantea uno de los mayores desafíos para la democracia peruana. Contar con información clara, fiscalización efectiva y conciencia ciudadana será determinante para decidir bien y evitar que el poder del dinero ilegal termine condicionando el futuro político, social y ambiental del país.