El dinero sucio en riesgo de capturar la política regional
La minería ilegal en el Perú dejó hace tiempo de ser vista únicamente como un problema económico o ambiental. Hoy se ha convertido en una amenaza directa contra la democracia, la gobernabilidad y la paz social, especialmente en regiones como San Martín, donde la presencia del crimen organizado se entrelaza con la débil institucionalidad estatal.
Según reportes de organismos de derechos humanos, entre 2019 y 2024 se documentaron 40 situaciones de riesgo contra defensores ambientales en San Martín, que afectaron a 53 personas, en su mayoría pertenecientes a los pueblos Kichwa, Awajún y Shawi. El 93 % de los ataques estuvo relacionado con la defensa de bosques y territorios indígenas, casi siempre vinculados a la lucha contra la tala ilegal.
Este panorama de violencia cobra un matiz aún más preocupante cuando se observa el creciente financiamiento ilegal que circula en la región. La minería ilegal, junto con el narcotráfico y la tala ilegal, se ubica entre las actividades más rentables del crimen organizado. El flujo de dinero ilícito no solo alimenta redes de corrupción, también amenaza con infiltrarse en las campañas electorales que se avecinan, comprometiendo la independencia de autoridades que deberían representar los intereses ciudadanos.
Un riesgo para la prensa y la ciudadanía
La prensa independiente enfrenta serios riesgos al investigar estos hechos. Periodistas de la región han denunciado intentos de intimidación y campañas de silenciamiento que buscan neutralizar sus investigaciones. La ciudadanía, mientras tanto, se ve atrapada entre narrativas polarizadas: quienes reclaman protección ambiental frente al avance de las mafias extractivas y quienes, por necesidad económica o manipulación, defienden la minería ilegal como una fuente de sustento.
Este escenario erosiona la confianza pública y fragmenta a la sociedad. El debate deja de centrarse en cómo garantizar un desarrollo sostenible para girar hacia posiciones irreconciliables que favorecen la impunidad.
La justicia, lenta y ausente
Un factor que agrava la situación es la debilidad del sistema de justicia. Procesos que involucran a actores de la minería ilegal avanzan con lentitud y timidez, cuando no se diluyen en la maraña burocrática. Cada caso que no se resuelve con transparencia fortalece el mensaje de que la impunidad es la norma, debilitando aún más la legitimidad de las instituciones.
A ello se suma la ausencia de liderazgo político regional. En San Martín no se observa una estrategia clara para enfrentar este fenómeno. Las declaratorias de emergencia terminan siendo medidas reactivas y temporales que no resuelven el problema de fondo.
Un desafío estructural
Los expertos coinciden en que la lucha contra la minería ilegal requiere un enfoque integral. No basta con el despliegue policial: se necesita un control financiero eficaz que trace el dinero sucio, políticas de educación ciudadana que promuevan alternativas económicas sostenibles, y, sobre todo, una voluntad política firme que cierre el paso a la infiltración del crimen organizado en la vida democrática.
San Martín, por su biodiversidad, riqueza hídrica y ubicación estratégica, no puede convertirse en un territorio cedido al poder del dinero ilícito. Cada mina ilegal que opera a plena luz del día, cada concesión otorgada sin supervisión, cada amenaza contra un líder ambiental, son alertas que evidencian el avance de una economía criminal que socava los pilares del Estado de derecho.
Democracia en riesgo
La defensa del medio ambiente en San Martín es mucho más que un asunto ecológico. Es la defensa de la democracia, de la vida y de los derechos ciudadanos frente a un enemigo silencioso pero persistente: la minería ilegal. Si no se actúa con decisión, el riesgo no será únicamente la pérdida de bosques y ríos, sino el debilitamiento progresivo de un sistema democrático que podría terminar capturado por intereses ilegales.