El informe 2025 de Conservación Amazónica – ACCA advierte que la actividad ilícita arrasa bosques y ríos, se consolida en zonas de frontera y opera bajo el control de redes criminales transnacionales.
La minería ilegal, que durante años se concentró en Madre de Dios, hoy ya se extiende a nueve regiones del país, dejando a su paso bosques arrasados, ríos contaminados y comunidades vulnerables y afectadas. El informe situacional 2025 de Conservación Amazónica – ACCA confirma la magnitud de esta amenaza. Son 73 comunidades nativas y más de 250 ríos y quebradas que sufren directamente sus impactos.
El diagnóstico fue presentado en Lima durante el evento “Minería de oro en la Amazonía Peruana, ¿cómo vamos? 2025”, que reunió a especialistas y autoridades. Allí quedó claro que el problema ya no es local, sino de dimensión nacional y transfronteriza, y que el tiempo para frenarlo se acorta cada vez más.
Concesiones mineras y conflictos sociales
El informe de ACCA no solo pone la lupa sobre la expansión de la minería ilegal, sino también sobre los riesgos que implican las nuevas concesiones otorgadas por el Instituto Geológico, Minero y Metalúrgico (Ingemmet). De las solicitudes presentadas en 2025, 187 se superponen con comunidades nativas, áreas naturales protegidas y reservas indígenas.
“Encontramos que 136 se superponen con comunidades nativas, 48 con áreas protegidas, como áreas naturales protegidas, áreas de conservación regional y área de conservación privada, y tres con reservas indígenas territoriales”, explicó Novoa. Según advirtió, abre la puerta a potenciales conflictos sociales en distintas regiones del país, donde la defensa de la tierra y el agua suele chocar con intereses extractivos.
Llaman a una acción coordinada
Los especialistas coincidieron en que la magnitud del problema ya desborda las capacidades de control nacional y que la única salida viable pasa por acciones conjuntas con los países vecinos. Durante la presentación también se dieron a conocer dos estudios: uno que analiza los impactos de la minería ilegal en zonas prioritarias de conservación, y otro que pone cifras al costo ambiental y social a través de una valoración económica de los daños en la cuenca del Nanay.
