El ejecutivo presentó ante el Congreso la Ley de la Pequeña Minería y de la Minería Artesanal, conocida como Ley MAPE. La propuesta para un sector está marcada por delgada línea entre la informalidad y la ilegalidad.
INFORMAL es aquella que incumple las normas administrativas, técnicas, sociales y ambientales que regulan la actividad minera.
ILEGAL además de lo anterior, se realiza en zonas de excepción minera. Es decir, donde está expresamente prohibido el ejercicio de la actividad minera.
En la amazonia peruana, la minería es básicamente aurífera aluvial; es decir, oro que se extrae de los ríos. Para ello se suelen emplear métodos mecanizados, semi – mecanizados y por succión hidráulica. La ley prohíbe realizar estas actividades en todos los cursos de agua o lechos de ríos, lagos, lagunas, cochas, espejos de agua, humedales y aguajales. También prohíbe el uso de dragas, que son unas unidades móviles o portátiles de succión de materiales.
Las razones
La minería aurífera ilegal e informal está tan extendida en el Perú, la cuenca hidrográfica de la selva está amenazada y esta amenaza, para el caso de San Martín, no es ajeno, menos lejano, fundamentalmente por tres razones: el alza sostenida del precio internacional del oro, la debilidad institucional, y la incapacidad de la economía para ofrecer oportunidades laborales a quienes viven en la selva.
Conexión entre la minería ilegal y el crimen organizado ahí está Madre de Dios, está el corredor liberteño que une con San Martín y la cuenca del río Huallaga. La minería ilegal se asocia al lavado de activos, tráfico de insumos químicos y maquinaria, trata humana para la explotación sexual y laboral, tráfico de armas y narcotráfico.
Además, se ha detectado a comerciantes y procesadores de oro de empresas establecidas que adquieren oro ilegal, con lo cual incentivan este tipo de minería, se habla a media voz de mafia rusa, de mafias chinas y hasta coreanas, lavando miles de millones y lingotes de oro cuyo destino final es Suiza.
En Perú, no tenemos acceso a la banca privada. Al no poder acceder al sistema financiero, los costos de formalización, como adquirir equipamiento seguro o utilizar salvaguardas ambientales, son menos atractivos para los mineros, por lo que recurren a préstamos informales y a actividades criminales.
Falta de incentivos por parte del Estado para que la – Pequeña Minería y de la Minería Artesanal – eliminen el uso del mercurio en la fase del beneficio. El mercurio es un insumo importante para la producción de oro, por lo que se necesita un Registro Único para el Control de Insumos Químicos y Productos Finalizados. Además, es conocido que hay otras alternativas tecnológicas que el Estado debe proveer. Al evitar el uso de mercurio, se puede reducir los impactos en la salud pública y en el ambiente y a su vez evitar el fortalecimiento de un mercado negro de mercurio.
Además, no existe transparencia en la participación ciudadana y acceso a la información pública con respecto a la elaboración y publicación de los instrumentos de gestión ambiental. Los instrumentos de gestión ambiental no se encuentran disponibles en los portales de transparencia, por ello no hay un seguimiento ciudadano. Muchas comunidades desconocen por dónde se va a expandir la operación minera, lo que dificulta el acceso a la información pública ambiental.
La falta de capacidad técnica de actores gubernamentales y la alta rotación de personal crean una débil institucionalidad que facilita actos de corrupción en la minería informal y la prevalencia de la minería ilegal.
La alta rotación de funcionarios en los gobiernos regionales dificulta la implementación de planes y acciones a largo plazo. Asimismo, algunos mineros contratan a los funcionarios de la Dirección Regional de Energía, Minas e Hidrocarburos para elaborar sus estudios técnicos y pagan por su seguimiento y aprobación, incluso se han reportado sobornos y pagos para facilitación de trámites.
Operaciones mineras se valen de las brechas que presentan los gobiernos regionales para evadir la fiscalización y otras sanciones. Los mineros de la – Pequeña Minería y de la Minería Artesanal – MAPE utilizan diversos mecanismos para evadir el control y la fiscalización de sus concesiones mineras, y así evitar ser penalizados por los incumplimientos ambientales.
Deficiente fiscalización por falta de coordinación y articulación interinstitucional.
Existen deficientes mecanismos de coordinación entre las oficinas y órganos adscritos del Ministerio de Energía y Minas, así como en las autoridades de diferentes niveles del gobierno de carácter administrativo y judicial, como la Superintendencia Nacional de Aduanas y Administración (SUNAT), Fiscalía Especializada de Materia Ambiental (FEMA), Policía Nacional del Perú, entre otros.
A partir de la identificación de los riesgos señalados y su análisis, y pese a la gravedad de la situación, en el informe se exploran opciones y vías para subsanar estas deficiencias que incentivan o dan paso a las actividades de corrupción en la cadena de valor. De ese modo, los autores brindan recomendaciones en los ámbitos legal, administrativo y judicial, para contribuir con la mejora y optimización de las políticas y normativas frente a los desafíos y vacíos existentes. Estas consideran a los distintos actores relevantes para el sector, como el MINEM, el Centro de Planeamiento Estratégico (CEPLAN), los gobiernos regionales, las FEMA, la Policía Nacional del Perú, la SUNAT, entre otros. De igual manera, se sugiere un plan de trabajo y de concientización para las poblaciones, mineros y autoridades en búsqueda de la sostenibilidad del sector.
Finalmente, a la luz de los diversos hallazgos y propuestas, se han planteado una serie de conclusiones que abordan los principales factores en la cadena de valor del oro de la MAPE que incentivan la corrupción, tales como las vulnerabilidades en la regulación y fiscalización del sector, así como el estancamiento del proceso de formalización, todo lo cual acarrea severos impactos ambientales y sociales en la Amazonía, a la par que atenta contra la salud pública y los derechos humanos de las comunidades locales.
Largo camino por recorrer, acciones coherentes y razonables
- Son varios los estudios que se han publicado de lo vanos intentos que ha sido la forma de viabilizar la formalización minera en el país y que esa mirada del REINFO y las permanentes de extensiones han sido una puerta abierta para que se infiltre la economía ilegal en la extracción de minerales con las consecuencias que todos hemos visto
- Sin embargo, como bien dice su nombre, esta ley se centra en la pequeña minería y la minería artesanal, y no precisamente en resolver el tema de la minería ilegal que ya cuenta con una normativa vigente. Así lo considera Paola Bustamante de Videnza Consultores.
- Si alguien espera que la ley MAPE combata la minería ilegal, es un error. Al ser una ley, un proyecto de ley que regula la pequeña minería y la minería artesanal lo que está haciendo es sólo tocar en las disposiciones finales complementarias, lo que tiene esta ley de pequeña minería y minería artesanal es básicamente cuál es el rol del Estado para apoyar a la minería artesanal y a la pequeña minería. Señala que el Ministerio de Energía y Minas tiene la rectoría sobre este tipo de actividades y eso es importante. Fuente: prevenir-amazonia USAID – MINEM – Cepal-
Para VOCES, es fundamental que el gobierno peruano y la comunidad internacional intensifiquen sus esfuerzos para combatir la minería ilegal en Saramiriza y otras áreas afectadas. La implementación de políticas efectivas, la promoción de alternativas económicas sostenibles para las comunidades locales y la protección de los defensores ambientales son pasos esenciales para preservar la Amazonía y garantizar un futuro saludable para sus habitantes.
Las imágenes que hemos capturado -en Sarameriza- son un testimonio poderoso de la destrucción causada por la minería ilegal. Compartir estas fotografías y textos, puede ayudar a concienciar sobre la gravedad de la situación y movilizar voluntades en la lucha por la conservación de nuestra selva amazónica.