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viernes, mayo 30, 2025
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Minería ilegal y Policía: impunidad, oro robado y 96 agentes bajo sospecha

Entre 2019 y 2024, el Tribunal de Disciplina Policial revisó 37 casos vinculados a minería ilegal que involucran a casi un centenar de efectivos. Solo seis terminaron en sanción. La mayoría fue archivada, anulada o sigue sin resolución.

La infiltración de la minería ilegal no solo alcanza a mafias armadas o redes empresariales clandestinas: también involucra a miembros de la Policía Nacional del Perú. Entre 2019 y 2024, al menos 96 efectivos policiales – desde suboficiales hasta coroneles – fueron investigados por su presunta participación en actividades ilícitas vinculadas a la extracción ilegal de oro. Los casos abarcan regiones como La Libertad, Piura, Puno, Ucayali, Loreto, Amazonas y Madre de Dios, reveló una investigación del medio OjoPúblico.

Las acusaciones son diversas y graves: robo de mineral incautado, filtración de información de operativos, y manipulación de la cadena de custodia del oro intervenido. Sin embargo, las consecuencias son mínimas. De los 37 fallos emitidos por el Tribunal de Disciplina Policial, apenas seis terminaron con sanciones ratificadas en última instancia. Ocho fueron declarados nulos, ocho más absolvieron a los implicados, seis se archivaron, y otros siguen bajo investigación o prescribieron.

La impunidad es la regla. En cinco de los expedientes incluso se dispuso reiniciar las investigaciones, mientras que en dos más ni siquiera hubo pronunciamiento “por carecer de objeto”. El resto permanece en un limbo burocrático.

“Esto evidencia una degradación de la gestión pública. La minería, que es una actividad que corrompe, encuentra en la institucionalidad de la Policía un espacio fácil de acaparar”, advirtió Manuel Zapata Pérez, vocero del Observatorio de Minería Ilegal (OMI), en declaraciones a OjoPúblico.

Inacción y silencio institucional

Pese a que algunos expedientes administrativos fueron anulados por tratarse de presuntos delitos penales, el Tribunal de Disciplina Policial no derivó esos casos al Ministerio Público, una omisión que agrava la falta de acción institucional. Tampoco existe una respuesta clara frente a los agentes reincidentes.

La mayoría de los implicados son suboficiales (82), pero la lista también incluye oficiales de mayor rango: un coronel, dos comandantes, cuatro mayores, un capitán, tres tenientes y tres alféreces.

Consultada por OjoPúblico, el área de prensa de la Policía Nacional del Perú no respondió sobre las medidas internas frente a estos casos ni sobre los antecedentes de los agentes involucrados.

Fallas estructurales y normas cuestionadas

El avance de la minería ilegal no se detiene y las respuestas del Estado han sido ineficientes. Tras el asesinato de trabajadores en Pataz, el gobierno desplegó 1.000 policías para reforzar el estado de emergencia vigente desde febrero de 2024. Sin embargo, la violencia continúa en aumento.

A este panorama se suma la controversia por el uso del Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo), mecanismo empleado también por mineros ilegales para aparentar legalidad. Un reciente decreto autorizó la transferencia de titularidad del Reinfo en caso de fallecimiento del titular, medida duramente criticada por especialistas y organizaciones civiles.

Ante el escándalo, el ministro de Energía y Minas, Jorge Luis Montero, se comprometió a “precisar” el artículo. La norma ya ha sido modificada cuatro veces. El premier Eduardo Arana, consultado sobre una nueva prórroga, evitó una respuesta clara: “Estamos trabajando para conocer la realidad y la preocupación de la población”, dijo.

¿Y las bases en zonas críticas?

Para Manuel Zapata del OMI, las soluciones no pueden ser exclusivamente policiales. “Se deben fortalecer los ámbitos preventivos, de inteligencia, así como una interdicción estatal con conocimiento preciso del territorio. Una cosa es Pataz, pero ¿por qué no se llevan bases policiales al Nanay o al río Putumayo?”, cuestionó.

La connivencia entre agentes del orden y redes ilegales, sumada a una institucionalidad débil, refleja un país donde la minería ilegal no solo contamina ríos, sino también corrompe a quienes deberían combatirla.

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