Mariano Castro Sánchez Moreno
Para el ex vice ministro de Medio Ambiente y abogado experto en gestión y derecho ambiental, Mariano Castro Sánchez-Moreno, el ministro del Ministro de Economía y Finanzas intenta desnaturalizar la acción preventiva de los análisis e instrumentos de gestión ambientales, también derechos fundamentales e incumple obligaciones establecidos en la Constitución
El ministro MEF pretende adulterar las evaluaciones de impacto ambiental (EIA) y las evaluaciones arqueológicas patrimoniales de los grandes proyectos. Dice que deben hacerse “expost, sobre la base de compromisos, de declaraciones juradas “y “Mucha fiscalización posterior y mucho silencio administrativo del Estado.”
La EIA tiene un carácter preventivo. Debe hacerse para mejorar el diseño de los proyectos y aprobarse antes de su ejecución. La omisión o postergación de las EIAs no solo pone en riesgo la salud, la vida y la integridad de las personas y del ambiente, sino que traba la obligación de internalizar preventivamente los costos sociales de la degradación ambiental que un proyecto mal diseñado puede causar en el desarrollo territorial y en el bienestar de las personas.
Además, la fiscalización cumple un fin distinto que es verificar el cumplimiento de las obligaciones establecidas en las EIAs, y no para evaluar la viabilidad ambiental de un proyecto.
Es decir, la propuesta del ministro del MEF no solo desnaturaliza la función preventiva de los análisis e instrumentos de gestión ambientales, también viola derechos fundamentales e incumple obligaciones estatales establecidos en la Constitución, importante jurisprudencia nacional e internacional, así como recomendaciones expresas de la OECD
En todas estas se establece que el Estado debe garantizar que toda autorización ambiental se base en una evaluación previa y participativa, y mantener la calidad regulatoria. La medida propuesta del silencio administrativo positivo aplicada al ambiente viola esos principios.
Agrava la conflictividad social al permitir que actividades de alto riesgo se desarrollen sin autorizaciones
El Estado debe garantizar una adecuada, participativa y transparente revisión de las EIAs. Tampoco debe incumplir con los plazos. Parte de este problema está relacionado con la calidad de los EIAs presentados por los titulares de los proyectos de inversión (estatales, privados o mixtos). Otro factor está relacionado con la necesidad de fortalecer las capacidades institucionales del SEIA.
Es prioritario impulsar la mejora del desempeño ambiental estatal y empresarial. Por el contrario, la propuesta del ministro MEF lesiona la seguridad jurídica, agrava la conflictividad social al permitir que actividades de alto riesgo se desarrollen sin autorizaciones ni controles previos diligentes. El uso de declaraciones juradas sin fiscalización previa abre la puerta al fraude y a la impunidad ambiental, afectando la credibilidad del Estado y de la actividad empresarial.