Marisol García García, dirigente Fepikecha: ¿Qué mal hacemos cuidando los bosques? Preocupa que el mismo día que interviene la fiscalía al ARA, ese mismo día, Quinto es asesinado.
Diversas organizaciones de la sociedad civil han mostrado su solidaridad con la familia del líder victimado y a la vez su rechazo a la violencia desatada en la región San Martín.
El gobierno por su parte ha enviado una comisión a Huimbayóc, encabezada por el ministro del Interior Víctor Torres Falcón, el Ministerio Público representado por el Jorge Chávez Cotrina, en su condición de Fiscal Superior Titular y coordinador nacional de las Fiscalías Especializadas contra la Criminalidad Organizada, coordinador de la Fiscalía Superior Penal Nacional y Fiscalías Penales Supraprovinciales Especializadas en Delitos de Terrorismo, además de autoridades del Ministerio de Cultura.
Por la mañana, el equipo del ejecutivo se trasladó al distrito de Humbayóc. En horas de la tarde, en una conferencia de prensa en Tarapoto en la sede de la PNP, el ministro del Interior Víctor Torres, aseguró que los responsables del asesinato del líder indígena Quinto Inuma «tienen sus horas contadas», porque los van a encontrar y poner en manos de la justicia.
El ministro del Interior subrayó que no quieren «que este hecho quede impune» y se dirigió a la familia del líder fallecido y a los líderes nativos que afrontan estas amenazas, a quienes pidió que «no se sientan solos».
«El Perú tiene que cambiar, estamos prestos a ayudarlos, vamos a brindar el apoyo y la protección del caso», anotó Torres.
El Ejecutivo ha emprendido una acción multisectorial, entre la Policía Nacional, la Fiscalía, y los ministerios de Interior, Justicia, Ambiente y Cultura, para resolver el crimen contra Quinto, que se ha sumado a más de 30 líderes nativos asesinados en los últimos años por las mafias que asolan la Amazonia.
«Las causas de su fallecimiento vienen siendo materia de una minuciosa investigación por parte de la Policía Nacional, que ha dispuesto el envío de un helicóptero a la zona de un contingente policial», indicó, en conferencia de prensa ayer por la tarde.
Estos policías, agregó, están especializados en investigación de homicidios «a fin de realizar las labores de búsqueda, encontrar los responsables en el más breve plazo, y ponerlos a disposición de la justicia».
Voces entrevistó a la dirigente nativa Marisol García, dirigente Fepikecha:
Hablando en crudo, este es un hecho que se había alertado al Estado, las autoridades conocían que ésta es una zona convulsionada, que nuestros líderes y dirigentes día a día siguen siendo amenazados, lamentamos la muerte de Quinto. El caso de Santa Rosillo de Yanayacu ha sido denunciado a nivel nacional e internacional y llevado la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, ni así hemos podido darle seguridad a Quinto y a la comunidad.
Existen más de 100 denuncias en Carhuaquillo de amenazas de madereros, desde el 2016 y ni uno solo se han tomado acciones, y lo peor es que a Quinto se le escuchaba en todos los espacios, denuncias contra él, escuchábamos que lo van a matar, hoy día lamentamos la pérdida de vida del defensor, nosotros necesitamos protección de parte del Estado porque nos puede pasar algo.
¿Qué mal hacemos nosotros cuidando los bosques, defendiendo los derechos humanos?, preocupa que el mismo día que entra la fiscalía a las oficinas del ARA, ese mismo día Quinto es asesinado, lo más lamentable es que las bandas organizadas de la extracción de madera y narcotráfico son muy fuertes y lamentablemente existen elementos en el sector público que son cómplices, nosotros hacemos responsable al Estado y a las entidades competentes que tenían que dar solución a este problema.
Comprendemos tu molestia y nos solidarizamos, ¿cuándo han presentado la denuncia ante Corte Interamericana de Derechos Humanos?
Si no me equivoco es el 2021 que se presenta a la Corte y no sólo a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, sino también a la Comisión del Congreso y a diferentes entidades en los eventos de las COP indicando las amenazas que tienen los defensores del medio ambiente, ¿para qué? ¿Para que éste sea el precio que pagan los defensores de nuestro hábitat?, terminamos asesinados como si fueras un delincuente de la forma más cobarde.
¿Ustedes tienen contacto con la familia de Quinto?
Sí, desde ayer venimos coordinando cómo va a ser el traslado, en coordinación también con la parte legal que nos apoya y otras organizaciones que también están para que nos puedan enviar helicópteros, para que puedan trasladar a la familia de Quinto, nada justifica la muerte, el asesinato brutal que han hecho con Quinto, pedimos garantías efectivas para la familia, pero sobre todo que se castigue, que se investigue, que caiga todo el peso de la ley a esas personas que han cometido este crimen y que realmente demuestren que no tenemos acceso a la justicia, porque queda demostrado una y otra vez que nosotros no tenemos derechos en la justicia y ahí está la evidencia muerta de Quinto Inuma, tomado en el tema del medio ambiente
Marisol, en concreto; ¿tráfico de tierras, madera o narcotráfico?.
Ahí no sólo hay tráfico de tierras, hay narcotráfico, hay tala de madera, hay amenaza de muerte los pueblos indígenas, hay niñas que han sido embarazadas por esas personas de mal vivir, han invadido. No sólo es Santa Rosillo, Santa Sofía, Atumpampa, nosotros tenemos el valor de enfrentar a esas bandas criminales. Las consecuencias son como estas, que nos maten.
Al cierre de la crónica se han difundido diversos pronunciamientos como el de la AIDESEP.
La Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (Aidesep), condenó «enérgicamente el cruel asesinato» del líder indígena e informó que este «venía luchando para lograr la titulación colectiva de su comunidad Santa Rosillo de Yanayacu-Huimbayoc».
«El hermano Quinto se suma a la larga lista de más de 30 líderes y lideresas indígenas que han sido asesinados por defender sus territorios y luchar incansablemente contra las actividades ilegales que depredan nuestra Amazonía», señala.
La organización aseguró que a esto «se suma la inoperancia de todas las instituciones del Estado peruano, que continúan sin implementar mecanismos de protección que realmente garanticen las vidas de los defensores y defensoras indígenas», señala el pronunciamiento
Por su parte la Iniciativa Interreligiosa para los Bosques Tropicales (IRI Perú), que agrupa distintas comunidades de fe para la protección de la naturaleza, lamenta profundamente el asesinato del apu Quinto Inuma Alvarado, apunta:
Desde años atrás el líder indígena recibía amenazas de presuntos taladores ilegales. Estos hechos no pueden quedar impunes. Exigimos a las autoridades administradoras de justicia una investigación inmediata y el resguardo de la familia del apu, así como de los demás comuneros.
Solicitamos de manera urgente a los líderes políticos ponerse de acuerdo para proteger la vida de los defensores ambientales. Los mecanismos intersectoriales para resguardar a las comunidades amenazadas por la ilegalidad deben contar con el presupuesto suficiente para brindar protección efectiva y oportuna.
Mientras en Dubái inicia la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP 28), en la Amazonía peruana suman más de 30 los líderes y lideresas indígenas asesinados por defender su territorio. Las comunidades de fe reafirmamos nuestra voluntad de acompañar a las organizaciones indígenas y las instituciones del Estado para asegurar la vida de nuestros hermanos amenazados por la ilegalidad.
