Hay quienes creen que la selva es un lienzo en blanco, una extensión muda donde la voluntad privada puede dibujar sin pedir permiso. Error de cálculo. La selva no es un papel bond que aguanta todo: es memoria viva, es tejido fino, es respiración. Y cada vez que alguien decide abrir trocha, tumbar monte o “mover un poquito de tierra” para levantar un mirador, lo que realmente construye es una postal de corto plazo sobre un daño de largo aliento. Un balcón al paisaje, sí; pero también un precipicio a la responsabilidad.

En Urahuasha, en la zona de amortiguamiento de la Cordillera Escalera, la escena se repite con un guion demasiado conocido: se entra primero y se pregunta después. Se tala, se remueve, se instala maquinaria, se traza la idea de un proyecto turístico “ambicioso”, “el más grande”, y luego, solo luego, se recuerda que existen normas, permisos, estudios, líneas rojas. Y cuando la autoridad aparece, lo hace con un acta en la mano y una pregunta en el aire: ¿llegamos tarde o nunca llegamos a tiempo?

El problema no es el turismo. El problema es el turismo sin conciencia, sin reglas, sin ciencia. Ese turismo que confunde desarrollo con desmonte, progreso con apuro, inversión con impunidad. El problema es esa creatividad jurídica para sacarle la vuelta a la ley como quien esquiva un charco: “regularizo después”, “no sabía”, “mi terreno tiene título”, “esto no está dentro del área”. Excusas de manual, repetidas hasta el cansancio, barnizadas de buena fe y aderezadas con promesas de reforestación que llegan siempre como postre, cuando el plato fuerte (el daño) ya se sirvió.

Porque sí, hay una palabra que se ha vuelto comodín: regularizar. Regularizar es la coartada perfecta para los hechos consumados. Se instala la obra, se avanza lo suficiente para que desmontarla sea “un desperdicio”, y luego se invoca la economía, el empleo, la oportunidad. Se apela al sentido común, como si la ley fuese un accesorio opcional. Y en ese juego, la prevención ambiental queda reducida a un saludo protocolar, a una formalidad que se rellena cuando conviene.

Mientras tanto, la selva paga la cuenta. Paga con suelos expuestos que se vuelven vulnerables a deslizamientos; paga con nacientes de agua que se alteran o se pierden; paga con especies que no tienen voz para protestar ni abogado que las defienda. Paga con un paisaje que deja de ser continuo para convertirse en un collage de intervenciones, cada una justificándose en su propia urgencia.

Y aquí viene la parte incómoda: las autoridades no pueden seguir administrando el daño con la indolencia de quien archiva papeles. La ley ambiental no es un adorno de escritorio. Si la sanción da risa, el delito se vuelve rutina. Si la multa es menor que la ganancia, la infracción se convierte en modelo de negocio. Necesitamos sanciones que duelan de verdad, que desincentiven, que envíen un mensaje claro: en zonas sensibles no se juega a la improvisación.

Pero también necesitamos algo más básico: presencia temprana. Monitoreo efectivo. Coordinación real entre niveles de gobierno. Porque el argumento de la ignorancia ya no pasa el filtro. No es creíble. No en pleno 2026, con mapas, normativas, zonificaciones, y con antecedentes que hablan de trochas, talas y alertas ignoradas. Aquí no hay inocentes despistados; hay decisiones conscientes y cálculos de riesgo: “avanzo y luego veo”. Ese “luego” es el que nos está costando caro.

Tampoco se trata de demonizar a quien invierte o sueña con un proyecto. Se trata de ordenar el tablero antes de mover las piezas. De entender que hay lugares donde el “no” es un acto de responsabilidad, no un obstáculo al desarrollo. De aceptar que la Cordillera Escalera no es un telón de fondo para selfies, sino un sistema vivo que sostiene agua, clima, biodiversidad y, sí, también la identidad de Tarapoto.

A la ciudadanía le toca otra cuota de honestidad. No podemos aplaudir el mirador del momento y luego lamentar el huaico de mañana. No podemos exigir paisaje intacto mientras consumimos sin preguntar de dónde viene lo que consumimos. La coherencia también es una forma de vigilancia.

Y a quienes creen que con una reforestación tardía se compensa el desmonte apresurado, habría que recordarles que los bosques no son muebles que se reemplazan con garantía. Un bosque secundario no es un trámite: es un proceso. Es tiempo acumulado. Es interacción compleja. Sembrar árboles es necesario, pero no es equivalente a lo que se destruye cuando se abre un claro sin criterio.

En Urahuasha, como en tantos otros puntos de la Amazonía, se libra una batalla silenciosa entre dos lógicas: la del “hazlo ahora y arregla después” y la del “piensa primero y actúa con límites”. La primera es ruidosa, seductora y rápida. La segunda es más lenta, más técnica y menos vistosa. Pero es la única que garantiza que mañana no tengamos que escribir otro artículo como este.

No nos vendan humo con vista panorámica. No nos pidan paciencia mientras se normaliza la excepción. Si de verdad queremos desarrollo, empecemos por respetar lo que nos sostiene. Y si la ley existe, que se note. Porque cuando la ley se vuelve paisaje decorativo, la selva termina siendo el telón de fondo de nuestra irresponsabilidad. Y ese, créanme, es el peor mirador de todos.