Por 69 votos a favor y 39 en contra el Congreso de la República aprobó en días pasados el Proyecto de Ley que restablece “la autonomía y la institucionalidad de las universidades peruanas”, la misma que requiere de una segunda votación. El hecho es que frente al hecho se levantaron algunas voces que la anatemizan como una “contrarreforma”. Veamos.
Lo que no hace la nueva ley es desaparecer a la SUNEDU, ella se mantiene como órgano supervisor del sistema universitario. Tampoco elimina sus competencias, funciones y atribuciones, por ende no es una contrarreforma. Lo que si hace es modificar la composición del Consejo Directivo, máximo órgano de gobierno de la SUNEDU, lo cual me parece positivo.
Actualmente, el Consejo Directivo tienen siete miembros. Uno, el superintendente, designado a dedo por el Ministro de Educación y el Presidente de la República. Otro, un representante del CONCYTEC que pertenece a la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM). Y otros cinco miembros que son designados por concurso público por el Ministerio de Educación (MINEDU). Es decir, la SUNEDU está sometida al Poder político, lo cual es un contrasentido porque teóricamente es un órgano autónomo.
La nueva ley propone cambiar la composición del Consejo Directivo por otro triestamental, donde estén representados la academia (dos de universidades públicas y uno de las privadas), el Estado (MINEDU, CONCYTEC y SINEACE), y, uno de la sociedad civil en representación de los colegios profesionales del Perú. De entre sus miembros se elegirá al superintendente. ¿Qué tiene de malo esta nueva composición?, desde mi punto de vista ninguna.
Para mi gusto, en reemplazo del SINEACE debería estar la CEPLAN, para que nos diga hacia donde apunta el desarrollo nacional y que tipo de profesionales requiere el país para impulsar su desarrollo e integrarse al mundo en condiciones de competitividad. Porque con la actual Ley Universitaria 30220 y la SUNEDU por ella creada, la universidad sigue formando profesionales que el país no requiere, 4% estudian las 27 carreras de ingeniería mientras contabilidad, derecho, administración, educación y economía el 30%, ¿qué va a hacer el país con tanto contador y abogado si lo que requiere son más tecnólogos para transformar sus materias primas?.
La nueva ley corrige esta aberración, porque no solo garantiza la autonomía universitaria que es un mandato constitucional, sino que al unir a la academia, el Estado y la sociedad civil en el Consejo Directivo propugna que la universidad no siga viviendo de espaldas al país.