Vecinos denuncian que malos olores y manejo de gallinaza afectan su calidad de vida, mientras especialistas advierten que el problema no es de convivencia sino de legalidad ambiental, sanitaria y urbanística. La discusión vuelve a poner sobre la mesa la urgencia de impulsar inversiones responsables y respetuosas del desarrollo urbano.

La tensión entre vecinos y la empresa avícola instalada en el sector Las Palmas, en el distrito de La Banda de Shilcayo, continúa escalando luego de que la denominada mesa de diálogo concluyera ayer estableciendo plazos luego de una mesa de diálogo presidida por el alcalde Enrique Hildebrandt, represente del ANA dos funcionarios la OEFA, la alcaldesa del C. P. Las Palmas Liz Leveau, la población organizada y los representantes de la empresa INVERSIONES JABRINI IMPORT S.A.C., señalada por presuntos problemas de contaminación ambiental derivados del manejo de compostaje y gallinaza. Mientras la compañía pidió un plazo de entre 5 y 6 años para reubicarse, los vecinos y la defensa de los vecinos calificaron la propuesta de “inaceptable” y exigieron la revocatoria de la licencia de funcionamiento.

Durante las declaraciones posteriores a la reunión, el abogado Octavio Alvarado, representante de la Asociación de Vivienda Ushpayacu, sostuvo que el conflicto no puede ser tratado únicamente como un problema de convivencia vecinal. “Este es un tema netamente de legalidad ambiental, legalidad sanitaria y legalidad urbanística”, afirmó, remarcando que esa sería la razón por la cual no se alcanzaron acuerdos concretos en la mesa técnica impulsada por la municipalidad.

El letrado cuestionó además que la empresa pretenda mantenerse operando durante varios años más mientras plantea un eventual traslado. “La empresa habla de que para reubicarse necesita un plazo de unos 5 o 6 años, lo cual es inaceptable para la población de Las Palmas y de la Asociación de Vivienda Ushpayacu”, manifestó. Añadió que los vecinos continuarán fiscalizando el accionar del municipio debido a que, según indicó, funcionarios municipales habrían reconocido irregularidades en la licencia otorgada para las actividades de compostaje.

Según explicó, el giro comercial de la granja “no sería compatible con la zonificación ni con el Plan de Desarrollo Urbano vigente”, por lo que solicitarán formalmente que la Municipalidad Distrital de La Banda de Shilcayo revoque la autorización de funcionamiento y evalúe incluso una clausura temporal hasta que las actividades cuestionadas sean retiradas o suspendidas.

Alvarado aprovechó además para advertir sobre el crecimiento urbano desordenado y la falta de respeto a los instrumentos de planificación territorial. “El desarrollo no tiene por qué colisionar con un modelo sostenible y con el respeto al medio ambiente”, señaló, indicando que tanto empresarios como autoridades deben respetar las reglas urbanísticas antes de ejecutar inversiones de alto impacto. En esa línea, cuestionó que la empresa continuara invirtiendo pese a conocer que operaba en una zona no autorizada.

Por su parte, el alcalde de La Banda de Shilcayo Hildebrandt Pinedo reconoció que la municipalidad continuará el procedimiento administrativo sancionador contra la empresa, aunque defendió la necesidad de buscar soluciones progresivas antes de adoptar medidas drásticas. “La empresa se está comprometiendo a mejorar y que los olores no salgan para afuera”, declaró la autoridad edil, agregando que el gobierno local seguirá con el proceso para evaluar la revocatoria de la licencia de funcionamiento.

“No es cuestión de actuar a raja tabla; como gobierno local tenemos que seguir el proceso administrativo sancionador”, sostuvo el burgomaestre al explicar que la mesa técnica buscaba abrir espacios de diálogo y solución entre las partes involucradas.

En las conclusiones oficiales de la reunión se precisó que entidades como el OEFA y la Autoridad Local del Agua (ALA) participaron únicamente con fines informativos respecto a sus competencias. – a pesar de las evidencias, al parecer evitan involucrarse amparados bajo ciertas normativas – Asimismo, se dejó constancia de que no hubo acuerdos entre la empresa y los representantes de la población afectada.

La empresa, sin embargo, informó que continuará implementando maquinaria destinada a reducir los impactos del manejo de compostas y gallinaza, además de presentar un eventual plan de reubicación. Paralelamente, la municipalidad aseguró que mantendrá las acciones administrativas correspondientes dentro de sus competencias legales.

El caso ha abierto nuevamente el debate sobre el crecimiento urbano en sectores periféricos y la necesidad de que las inversiones privadas se desarrollen bajo criterios de sostenibilidad, planificación y respeto por la salud pública. Para los vecinos de Las Palmas, el conflicto ya no solo gira en torno a los malos olores, sino al derecho de vivir en un entorno seguro, ordenado y ambientalmente saludable.