La Gerencia de Desarrollo Territorial y Gestión del Riesgo, que tiene bajo su responsabilidad la oficina de Catastro, enfrenta presiones por la regularización de 46 lotizaciones en Moyobamba

Es la primera vez que funcionarios reciben amenazas telefónicas en Moyobamba un método que abre hipótesis sobre nuevas formas de extorsión dirigidas a servidores públicos.

Cuando las mafias financian campañas políticas y los candidatos pagan prebendas cueste lo que cueste, tarde o temprano alguien tiene que poner freno. Esta vez, dos gerentes municipales fueron amenazados mediante llamadas y videos, en un caso que podría revelar disputas por obras, habilitaciones urbanas e intereses que la investigación fiscal y policial deberá esclarecer.

La Municipalidad Provincial de Moyobamba enfrenta un episodio crítico luego de que dos de sus principales funcionarios recibieran amenazas directas mediante llamadas y un video donde aparece número telefónico. El hecho, ocurrido en las últimas semanas, obligó al alcalde y a su equipo activar medidas de protección inmediata. El gerente municipal, Juan García, confirmó que, tras conocerse las intimidaciones contra el Gerente de Infraestructura Pública y el Gerente de Desarrollo Territorial y Gestión del Riesgo, el municipio sostuvo una reunión de emergencia y posteriormente, se trasladó a la comisaría para coordinar acciones con el coronel Díaz Zulueta. Fue allí donde se dispuso la implementación del Cuaderno de Control al Ciudadano, tanto en los domicilios y oficinas de los funcionarios como en la vivienda del propio alcalde, una medida destinada a prevenir cualquier atentado contra su integridad física.

El caso es particularmente inquietante porque, según García, es la primera vez que funcionarios en la región San Martín reciben amenazas tan explícitas mediante líneas telefónicas, un método que abre hipótesis sobre nuevas formas de extorsión dirigidas a servidores públicos. Aunque no existe aún una confirmación oficial, las líneas preliminares apuntan a posibles conflictos derivados del estricto cumplimiento normativo que la municipalidad ha venido aplicando en obras, penalidades por retrasos y habilitaciones urbanas.

La Gerencia de Infraestructura Pública ha sido especialmente exigente con el cumplimiento de plazos y penalidades, lo que podría haber generado tensiones con empresas contratistas.

En paralelo, la Gerencia de Desarrollo Territorial y Gestión del Riesgo, que tiene bajo su responsabilidad la oficina de Catastro, enfrenta presiones por la regularización de 46 lotizaciones en Moyobamba, todas aún sin habilitación.

Según el gerente municipal, desde agosto varios empresarios han presentado solicitudes para obtener permisos, pero la mayoría ha sido observada debido a incumplimientos, lo que podría haber motivado actos de coacción contra el personal técnico.

Consultado sobre la posibilidad de que las amenazas provengan de alguna empresa vinculada a obras o incluso de actores que financiaron campañas políticas, García indicó que no se descarta ninguna hipótesis. El coronel Díaz ha ordenado a Criminalística y a un equipo especializado, liderado por un comandante, analizar los números telefónicos vinculados al caso – dos líneas identificadas – y realizar el seguimiento correspondiente. “Será la investigación policial la que determine si existe relación con empresarios, terceros ajenos o redes vinculadas a intereses políticos”, precisó.

El gerente municipal también recordó que, al inicio de la actual gestión, se realizó un corte administrativo que permitió detectar irregularidades en diversos procesos.

Los informes fueron derivados a la Procuraduría y al Órgano de Control Interno (OCI), que ahora tienen la responsabilidad de avanzar con las revisiones. Asimismo, señaló que existe una obra paralizada – el expediente de la Institución Educativa de Jerillo – cuyo proceso ya está siendo investigado por la Fiscalía, a la cual se entregó todo el expediente requerido.

El gerente fue enfático al señalar que ahora es el momento de que el Órgano de Control Interno actúe con mayor prolijidad y profundidad. “Esperamos que los responsables paguen por los actos cometidos. En Administración Tributaria también hemos detectado irregularidades y es probable que surjan nuevos hechos”, advirtió. La preocupación principal, asegura, es que mientras avancen las investigaciones, los funcionarios continúen expuestos a amenazas o intentos de intimidación.

En un contexto donde obras, catastro, concesiones y conflictos empresariales pueden cruzarse con financiamiento político opaco y redes que buscan torcer decisiones técnicas, la reacción de la municipalidad y la intervención de la Policía Nacional, la Fiscalía Anticorrupción y la Defensoría del Pueblo serán claves para marcar un límite. Las próximas semanas serán determinantes para definir si este caso termina siendo un episodio aislado o la primera señal visible de un problema más profundo: el ingreso de lógicas extorsivas en la administración pública local.

El domingo por la noche la Municipalidad difunde comunicado.

En el documento, la Municipalidad Provincial de Moyobamba alertó que dos de sus funcionarios han sido víctimas de graves amenazas y coerción por parte de terceros que intentarían influir en la toma de decisiones dentro de la gestión municipal. Uno de los servidores fue intimidado para forzar su renuncia, mientras que el otro habría sido presionado para favorecer a determinadas empresas, incluso bajo amenazas contra su vida.

Ante la seriedad de estos hechos, la comuna informó que ha activado de inmediato sus protocolos de seguridad y ha presentado las denuncias correspondientes ante la Policía Nacional del Perú, con el fin de iniciar investigaciones especializadas y asegurar la protección de los afectados.

El alcalde y el equipo de gerentes expresaron su “firme respaldo” a los funcionarios amenazados y rechazaron cualquier acto de violencia, coacción o intento de manipulación de decisiones administrativas. La entidad también exhortó a las autoridades competentes a otorgar las garantías necesarias para los servidores y sus familias, a fin de salvaguardar su integridad y permitirles continuar con sus labores en condiciones de seguridad.

“No se tomará ninguna decisión administrativa bajo presión ni en beneficio de intereses particulares”, señala el comunicado, en el que la Municipalidad reafirma su compromiso con la transparencia, la legalidad y la defensa del servicio público.

Finalmente, la institución anunció su disposición a colaborar plenamente con las autoridades hasta el esclarecimiento total de los hechos, asegurando que garantizará la continuidad de los servicios municipales y la protección de todos los trabajadores. Al cierre de la nota, se sabe que la policía y ha activado sus planes operativos.

Nota de redacción: Es el momento en que las organizaciones públicas, privadas y organizaciones civiles, fijen posición contra todo tipo de violencia, como medio de comunicación condenamos cualquier tipo de violencia. Este suceso en Moyobamba no debe leerse como un hecho aislado sino como una alerta sobre la vulnerabilidad institucional en la región. Es prioridad el resguardo de la integridad física de los servidores, que las investigaciones permitan identificar rutas y beneficiarios de las presiones. Solo con una investigación policial, fiscal y de la procuraduría rigurosa se podrá determinar si hubo captura institucional, extorsión o redes que buscan lucrar con el sector público.