MAL PARADO CASTAÑEDA
El incendio desatado en Cantagallo no solo afectó la comunidad de los shipibo-conibo, sino también trastocó la credibilidad del alcalde de Lima, Luis Castañeda Lossio. Cuando todo señalaba a su gestión como la que ordenó vender el terreno otorgado para el traslado de esta comunidad, no salió a hablar, optó por el silencio y mandó a sus regidores a aclarar la denuncia.
El periodista Daniel Yovera había hecho público ayer, por la mañana, en su blog, la segunda adenda que se firmó el 5 de marzo del 2015 (ya en la gestión de Castañeda). En dicho documento se lee que las tres partes del contrato de concesión, es decir, la Municipalidad de Lima (fideicomisaria), Lamsac (fideicomitente) y Scotiabank (fiduciaria), suscribían la modificación del anterior acuerdo hecho durante la administración de Susana Villarán.
Esta modificación no solo implicó la no ejecución del proyecto Río Verde, sino también ordenaba la venta del terreno de 7 mil metros cuadrados ubicado en la urbanización Campoy, en San Juan de Lurigancho, el cual iba a servir para reubicar a los shipibo-conibo en octubre del 2015.
La cláusula adicional de esta adenda dice textualmente que la gerencia del proyecto “ha determinado la necesidad de vender el terreno adquirido con recursos de este fideicomiso a efectos que el dinero que se obtenga de dicha venta ingrese nuevamente al patrimonio fideicometido y sea destinado para ejecución del proyecto”.
Claramente, el terreno en alusión es Campoy, y además se deja “constancia” de que la gerencia del proyecto es “la responsable de llevar a cabo las negociaciones de dicha venta y de definir los términos y condiciones que contendrá el contrato de compra-venta correspondiente”.
Dicha adenda fue ratificada por el Ministerio de Economía y Finanzas en julio del 2015, donde se lee que se faculta al Fondo Metropolitano de Inversiones (Invermet) a vender terrenos adquiridos con recursos del Patrimonio Fideicometido.
“En el listado de Actividades Previas a ser ejecutadas con el dinero del Patrimonio Fideicometido se elimina la construcción de inmuebles a ser otorgados en compensación a la comunidad shipibo-conibo”, dice el documento del MEF.
Castañeda no habla
A modo de defensa, la Municipalidad de Lima convocó a conferencia de prensa para aclarar la denuncia. No obstante, en esta no estuvieron presentes Castañeda ni su habitual vocera, la teniente alcaldesa Patricia Juárez. En su lugar asistieron los regidores Wilder Ruiz y Shadia Valdez (ambos de Solidaridad Nacional) y el gerente de Promoción de la Inversión Privada de la MML, Jaime Villafuerte.
Este último, respondió a La República que pese a que hasta el momento no se hizo efectiva la venta, hay la voluntad de vender el terreno de Campoy para –según él– hacer realidad la reubicación de las 265 familias shipibo-conibo o usar el dinero de la transacción como una inicial para acceder al programa Techo Propio.
Voluntad o no, existe la orden –según la segunda adenda– de vender el terreno que estaba destinado para la comunidad afectada por el incendio, la cual hasta la fecha no se ha hecho efectiva.
Villafuerte agregó que no se llegó a un acuerdo ya que las tres organizaciones shipibo-conibo (Ashirelv, Acushikol y los Avishil) tuvieron una actitud “terca” y no se pusieron de acuerdo sobre el destino de la nueva ‘tierra prometida’.
A su turno, el regidor Ruiz criticó a la gestión anterior diciendo que dicho predio fue comprado por la administración de Villarán dos días después de las elecciones (7 de octubre) a 17 millones de soles, cuando en el 2011 el Portal Campoy SAC lo había adquirido a 7 millones de soles.