El próximo gobierno recibirá las cuentas fiscales deterioradas. En ese contexto, el IPE revisó los planes de gobierno y sus propuestas en materia tributaria y sobre la gestión de las finanzas públicas, enfocándose en su impacto sobre la sostenibilidad fiscal.

Propuestas y riesgos

El manejo de las finanzas públicas mostró un deterioro en el último quinquenio. Esto se refleja en tres incumplimientos consecutivos de las reglas fiscales: la de déficit en 2023 y 2024, y las de incremento del gasto en 2024 y 2025. Esto es consecuencia de dos factores persistentes: una recaudación insuficiente, asociada a una reducida base de contribuyentes; y incrementos en los gastos rígidos, como las remuneraciones.

De los 35 planes, ninguno presenta una agenda concreta para sostener un manejo razonable, predecible y sostenible de las finanzas públicas. Esto exigiría incorporar medidas específicas para ampliar la base tributaria, unificar regímenes del impuesto a la renta empresarial, reducir exoneraciones tributarias e impulsar la eficiencia del gasto público, entre otros instrumentos orientados a fortalecer los ingresos permanentes y mejorar la calidad del gasto.

En contraste, 18 planes reconocen la importancia de la sostenibilidad fiscal, pero incluyen propuestas contraproducentes. Así, aunque proponen medidas para moderar el gasto público, también incorporan exoneraciones tributarias para sectores específicos y la creación de zonas económicas especiales con tratamiento tributario diferenciado. A estos se suman 8 planes que recogen aspiraciones para el fortalecimiento fiscal, pero no aterrizan en propuestas concretas.

Finalmente, 9 planes incluyen iniciativas populistas, que restan predictibilidad al sistema y que no se enfocan en ampliar la base, sino más bien en aumentar los impuestos sobre quienes ya soportan la mayor parte de la carga. Por el lado de la recaudación, se registran propuestas para incrementar la carga tributaria sobre sectores ya fuertemente gravados, como la minería, o la creación de impuestos a la riqueza. Por el lado del gasto, se propone elevar el piso de las remuneraciones a los docentes e incrementar las pensiones, junto con una mayor presencia de empresas públicas.

Ampliar la base tributaria

Un giro hacia un fortalecimiento fiscal requiere ampliar la base tributaria en lugar de concentrar mayores cargas sobre los mismos sectores y contribuyentes. Asimismo, necesita medidas integrales que reduzcan espacios para el arbitraje entre regímenes tributarios y promuevan la formalización.

Varias propuestas pretenden modificar la tributación minera, ignorando su carga vigente y la progresividad del sistema para captar rentas extraordinarias, tal como lo reconocen múltiples estudios y se evidencia en la evolución de su recaudación. Incrementarla reduciría la competitividad frente a otros países mineros, en un contexto de creciente expansión de la minería ilegal, desincentivando nuevas inversiones.

En paralelo, fortalecer la recaudación requiere una mayor contribución de la renta de personas naturales. Si bien el Perú recauda por este concepto 1.9% del PBI, similar al promedio de América Latina (2.0%), aún está lejos de la OCDE (5.4%). Además, la carga recae desproporcionadamente en un pequeño segmento de la fuerza laboral: el 20% más alto de los individuos con ingresos declarados concentra el 99% de los impuestos pagados por rentas de cuarta y quinta categoría.

Asimismo, es imprescindible disminuir las pérdidas por evasión tributaria y por tratamientos que erosionan la base. Las pérdidas por el incumplimiento del impuesto a la renta son casi equivalentes a su recaudación efectiva (cerca de 6% del PBI). A ello se suman los gastos tributarios (2.2% del PBI), que incluyen exoneraciones e inafectaciones.

Nada de lo anterior será sostenible si no se limita la iniciativa de gasto ejercida en los últimos años por el Congreso, a partir de un fallo constitucional cuestionable. Solo tres planes son explícitos en la necesidad de revertir este error (Libertad Popular, País para Todos y Primero La Gente). Recuperar la senda de sostenibilidad fiscal exige restablecer el liderazgo y criterio técnico del MEF y de la autoridad tributaria en la conducción y ejecución de la política fiscal.