Amazonas. El líder indígena Silas Sejekam Yagkuag, presidente de la Organización Indígena de Desarrollo de las Comunidades del Alto Comaina, denunció este jueves un preocupante incremento de la delincuencia extranjera en El Tambo y Kimpuana (Condorcanqui), zonas que —advirtió— se han convertido en “tierra de nadie” con la aparente complicidad de miembros de la Policía Nacional y del Ejército.
En declaraciones a RPP, Sejekam aseguró que la situación se ha agravado en el último año pese a los reiterados pedidos de las comunidades. “La comunidad ya está atemorizada; como pueblos indígenas no tenemos respaldo del Estado ni del Ejército, porque ellos mismos son cómplices de lo que sucede y dan más garantías a los delincuentes”, afirmó.
El dirigente responsabilizó a la banda ecuatoriana ‘Los Choneros’, considerada una organización criminal transnacional, y dijo haber presentado videos y documentos que confirmarían su presencia. Hizo un llamado directo a la presidenta Dina Boluarte y al presidente del Consejo de Ministros, Eduardo Arana: “¿Qué esperan? No queremos que haya matanzas; pedimos una intervención urgente para evitar que ocurra lo que pasó en Pataz”.
El apu Romer Orrego Ikam, otro líder indígena de Condorcanqui, denunció que organizaciones criminales ecuatorianas habrían ingresado por la frontera de El Cenepa y construido una carretera clandestina para extraer mineral de actividades ilegales. Asimismo, alertó de filtraciones en los operativos de la Policía y el Ejército, lo que facilitaría a los delincuentes ocultar maquinaria y herramientas antes de las intervenciones.
No obstante, comuneros de El Cenepa plantearon otra versión. Según Liceo Juwau, presidente de la comunidad nativa Chayu Muja, los responsables serían ‘Los Trujillanos’, contratados presuntamente por operadores de la minería ilegal. Agregó que incluso existen registros en el REINFO que les otorgarían una “cobertura aparente” para operar en la zona.
Ante estas denuncias, los líderes indígenas coincidieron en exigir una investigación inmediata sobre las fuerzas del orden destacadas en la zona y sanciones para quienes, con acciones u omisiones, favorezcan la expansión del crimen organizado.
Advirtieron además que, de no tomarse medidas urgentes, las comunidades nativas y su entorno ambiental enfrentarán un grave riesgo frente al avance de estas organizaciones criminales.
