Cuando el Estado no llega: la Amazonía y la otra cara del Perú

Mientras el país debate sobre elecciones, corrupción y crecimiento económico, millones de peruanos en la Amazonía siguen enfrentando una realidad mucho más dura: hospitales sin medicinas, escuelas sin materiales y un Estado incapaz de garantizar servicios básicos. El colapso institucional no solo revela ineficiencia; también expone el profundo aislamiento histórico de la selva peruana.

El Perú vuelve a enfrentarse a una pregunta incómoda: ¿cómo aspirar al desarrollo cuando el propio Estado no puede cumplir con las funciones más elementales? La reciente columna de Diego Macera, director del Instituto Peruano de Economía, pone sobre la mesa una crisis que ya dejó de ser episódica para convertirse en estructural. Medicinas que no llegan, materiales escolares abandonados, becas sin financiamiento claro y una desorganización electoral que terminó golpeando la confianza ciudadana revelan un mismo problema: un aparato público debilitado, burocrático y desconectado de la realidad de millones de personas.

La situación se vuelve aún más dramática cuando se observa desde la Amazonía peruana. En ciudades como Iquitos, donde la conectividad depende muchas veces de rutas fluviales o aéreas y donde las distancias convierten cualquier trámite en una odisea, la ausencia del Estado se siente con mayor crudeza. En el Hospital III de Essalud de Iquitos, según reportó la Defensoría del Pueblo, al menos 30 pacientes del Programa Nacional de ITS-VIH-SIDA quedaron en situación crítica porque las medicinas esenciales simplemente no llegaron. No fue un problema de falta de presupuesto. Tampoco de inexistencia de funcionarios. Fue, otra vez, una cadena de negligencias, retrasos y desorden administrativo que terminó poniendo vidas en riesgo.

Ese escenario retrata una realidad persistente en la selva peruana: regiones ricas en biodiversidad y recursos naturales, pero históricamente aisladas del poder central. Mientras Lima concentra ministerios, decisiones y logística, buena parte de la Amazonía sigue dependiendo de sistemas precarios de transporte y distribución estatal. Cuando falla la burocracia en la capital, en la selva las consecuencias suelen multiplicarse. Un medicamento perdido en tránsito puede significar semanas de espera; un lote de textos escolares retrasado puede implicar que cientos de niños inicien clases sin materiales; una obra paralizada puede dejar comunidades enteras incomunicadas.

La crisis descrita por Macera no se limita al sector salud. A inicios del año escolar, la Contraloría General de la República advirtió que estaba pendiente la distribución del 62% de los kits escolares, equivalentes a 661,962 paquetes educativos en 11 regiones del país. Otra vez, el problema no era la inexistencia de recursos, sino la incapacidad operativa del Estado para ejecutar sus propias funciones. Parte de la responsabilidad recaería en el Ministerio de la Producción, que habría tardado más de un año en concretar la compra de cuadernos escolares.

En regiones amazónicas como Loreto, San Martín, Ucayali o Amazonas, donde muchas escuelas rurales dependen de entregas fluviales y donde la pobreza multidimensional sigue marcando el día a día, estos retrasos no son simples problemas administrativos: representan una nueva forma de exclusión. Los niños de la selva no solo deben enfrentar brechas digitales, dificultades de transporte o infraestructura limitada, sino también un Estado que frecuentemente llega tarde o, en algunos casos, nunca llega.

El reciente fiasco de la Oficina Nacional de Procesos Electorales durante las elecciones del 12 de abril profundizó aún más esa sensación de deterioro institucional. Pese a contar con más de S/2,000 millones de presupuesto entre este y el año pasado, la entidad protagonizó una serie de fallas que incluyeron material electoral perdido, equipos informáticos defectuosos, vehículos abandonados y problemas logísticos que afectaron directamente el desarrollo de la jornada electoral. Para muchos ciudadanos de provincias alejadas, especialmente en la selva, estas deficiencias reforzaron la percepción de abandono estatal.

Lo ocurrido con la ONPE no sería, según plantea Macera, un caso aislado, sino el reflejo del progresivo deterioro del aparato público peruano.

Las mismas historias se repiten en hospitales, municipalidades, gobiernos regionales y comisarías: proveedores incumplidos, sistemas que colapsan, información extraviada y funcionarios paralizados por el miedo a sanciones administrativas. El problema ya no parece ser únicamente la corrupción, sino también la pérdida de capacidad técnica y de talento humano dentro del Estado.

En ese contexto, el director del IPE plantea una reflexión de fondo: las instituciones funcionan según la calidad de las personas que las integran. Como ejemplo menciona al Banco Central de Reserva del Perú, entidad que durante décadas ha mantenido rigurosos mecanismos meritocráticos para seleccionar profesionales jóvenes y altamente capacitados. El modelo, sostiene, demuestra que la profesionalización sí puede generar instituciones sólidas y confiables.

Sin embargo, el panorama actual parece ir en dirección contraria. Profesionales talentosos abandonan progresivamente el sector público ante la falta de estabilidad, incentivos y líneas claras de crecimiento. La burocracia, en lugar de atraer excelencia, termina expulsándola. En instituciones claves como el Ministerio Público o el Poder Judicial del Perú, cada vez resulta más difícil convocar a los mejores perfiles jóvenes, fenómeno que impacta directamente en la calidad de las decisiones públicas.

La propuesta de establecer sistemas meritocráticos más sólidos, con exámenes únicos de ingreso y carreras públicas previsibles, apunta precisamente a reconstruir capacidades estatales. Pero el desafío va mucho más allá de reformas administrativas. También implica reconocer que existen dos países coexistiendo dentro del mismo territorio: uno urbano y relativamente conectado, y otro profundamente olvidado, donde la presencia estatal suele ser débil, tardía o insuficiente.

La Amazonía representa con claridad esa otra cara del Perú. Allí, el aislamiento geográfico se mezcla con décadas de centralismo, improvisación y escasa planificación pública. Mientras el discurso oficial habla de crecimiento económico y modernización, miles de ciudadanos continúan esperando algo mucho más básico: medicinas en sus hospitales, maestros en sus escuelas, carreteras transitables y autoridades capaces de responder a tiempo.

Porque el verdadero problema no es únicamente que fallen las elecciones, los hospitales o los programas sociales. El problema es que la normalización de esas fallas ha terminado erosionando la confianza ciudadana en el Estado mismo. Y cuando eso ocurre, el desarrollo deja de ser una meta cercana para convertirse en una promesa cada vez más distante.

La pregunta entonces permanece abierta y golpea especialmente desde la selva peruana: ¿puede construirse un país moderno cuando amplios sectores de su población siguen viviendo desconectados de los servicios más elementales del Estado? La respuesta parece evidente mientras continúen existiendo regiones donde ni las medicinas, ni los libros, ni siquiera los votos logran llegar a tiempo.