Obreros de construcción civil que laboran en la obra de mejoramiento y ampliación del sistema de agua potable y alcantarillado de la localidad de Yarina, en el distrito de Chipurana, provincia de San Martín, acatan desde ayer un paro indefinido. Los trabajadores denuncian que el Consorcio Ejecutor Yarina, encargado de la ejecución del proyecto, no estaría cumpliendo con la tabla salarial establecida por la Cámara Peruana de la Construcción, lo que consideran una vulneración a sus derechos laborales.
Ante esta situación, los obreros decidieron suspender totalmente sus actividades hasta que la empresa respete los montos salariales que corresponden por ley. Según señalaron, el consorcio estaría pagando entre 90 y 100 soles diarios, pese a que, de acuerdo con la normativa, el jornal mínimo para su categoría debería ser de 133 soles. La diferencia, aseguran, afecta directamente su economía familiar y evidencia una práctica que califican como abusiva.
Como medida de protesta, los trabajadores realizaron ayer un plantón en la losa deportiva de la localidad de Yarina, donde expresaron públicamente su malestar y exigieron mejoras en sus condiciones laborales. Además del incumplimiento salarial, denunciaron que la empresa tampoco estaría otorgándoles los beneficios que les corresponden y otros derechos establecidos para el sector construcción civil.
Los obreros señalaron que, hasta el momento, no han recibido una respuesta oficial por parte del Consorcio Ejecutor Yarina. Indicaron que, de persistir el silencio de la empresa, continuarán con su medida de fuerza, pues consideran que no existe justificación para el incumplimiento de la tabla salarial vigente. También manifestaron su preocupación por la falta de diálogo, lo que podría prolongar el problema.
La obra de mejoramiento y ampliación del sistema de agua y alcantarillado de Yarina es financiada por el Gobierno Regional de San Martín a través del Proyecto Especial Huallaga Central y Bajo Mayo.
Los trabajadores esperan que las autoridades regionales intervengan para garantizar que se cumplan sus derechos y evitar que el proyecto continúe paralizado, afectando a la población beneficiaria. Por: Hugo Anteparra
