La posición del Ministerio Público frente al pedido de reembolso a Odebrecht de los S/524 millones por la venta de Chaglla ha generado controversia, sobre todo porque -a su juicio- la empresa no mantiene investigaciones o procesos penales fuera del acuerdo de colaboración eficaz.
Odebrecht reclama el monto que quedó como saldo de los S/1052 millones que le retuvo el Estado peruano a la empresa por la venta de Chaglla, de los cuales S/435 millones se usaron para cancelar la deuda de la brasileña con la Sunat, S/12.5 millones para saldar la reparación civil por la carretera de Chacas (Áncash) y S/80 millones como pago de la primera cuota de los S/610 millones de reparación civil fijada en el acuerdo de colaboración eficaz.
Correo accedió a la información sobre siete regiones (además de Lima) donde la transnacional brasileña es sometida a investigaciones preliminares abiertas. Las pesquisas giran en torno a la participación de la empresa como tercero civil responsable y la de sus exdirectivos de manera directa en adjudicaciones y contratos de obras.
Las pesquisas preliminares se dan en las regiones de Áncash, Ayacucho, Callao, Cusco, Lambayeque, Loreto y Piura.
Para la exprocuradora ad hoc para los casos “Lava Jato” Katherine Ampuero no se puede caer en el juego de la empresa Odebrecht, pues la posición asumida por la transnacional brasileña es propia de un “chantaje”. En esa línea, refirió que la Fiscalía no puede acceder a este tipo de acciones. “La Fiscalía no tiene que responder (a chantajes de la empresa). Si ellos (Odebrecht) tienen algo que reclamar, están en su derecho y pueden presentar su reclamo ante la jueza, porque esto es totalmente inadmisible”, puntualizó.