Organismo destaca el fallo como un avance decisivo contra la impunidad y en defensa de quienes protegen la Amazonía peruana.
La Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos (OACNUDH), misión técnica de las Naciones Unidas en el Perú, saludó la sentencia emitida por el Tercer Juzgado Penal Colegiado Nacional de la Corte Superior Nacional contra los responsables del asesinato del apu kichwa Quinto Inuma Alvarado, líder de la comunidad nativa Santa Rosillo de Yanayacu, en San Martín. El tribunal impuso penas de hasta 35 años de cárcel, en una decisión considerada un avance importante en la lucha contra la impunidad y la protección de las personas defensoras de los derechos humanos.
La OACNUDH expresó su solidaridad con la familia de Quinto Inuma y con la comunidad kichwa, destacando la actuación del tribunal integrado por las juezas Nayko Coronado Salazar y María Benites Goicochea, y el magistrado Wilmer Quispe Umasi. Para el organismo internacional, la resolución representa un paso clave para garantizar justicia frente a los crímenes cometidos contra quienes defienden sus territorios, sus derechos y el ambiente.
El colegiado acreditó la responsabilidad penal de los cuatro procesados. Genix Saboya Saboya y Limber Ríos Ruiz fueron condenados a 35 años de prisión como coautores de los delitos de sicariato y homicidio calificado en grado de tentativa. Segundo Juan Villalobos Guevara recibió 28 años y cuatro meses como coautor de sicariato, tras acreditarse que ofreció un beneficio económico para cometer el crimen. En tanto, Jerrly Saboya Saboya fue condenado a 15 años como cómplice primario por haber proporcionado el arma utilizada en el atentado.
La sentencia estableció además una reparación civil de 1 millón de soles, que deberá ser asumida solidariamente por los condenados. El fallo también consideró las graves lesiones sufridas por Axeldina Barbarán Tapullima durante la emboscada.
El pronunciamiento judicial fue respaldado por el Mecanismo Intersectorial para la Protección de las Personas Defensoras de Derechos Humanos, integrado por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (Minjusdh), el Ministerio del Ambiente (Minam) y el Ministerio de Cultura (Mincul). Las instituciones remarcaron que la sentencia constituye un paso importante para los familiares y la comunidad de Inuma, así como una expresión del compromiso del Estado frente a los crímenes contra defensores del ambiente y de los derechos de los pueblos indígenas.
El asesinato de Quinto Inuma conmocionó a la Amazonía peruana y puso nuevamente bajo la mirada pública los riesgos que enfrentan los líderes indígenas que denuncian la tala ilegal y la explotación no autorizada de los recursos naturales. Su muerte dejó una herida profunda en su comunidad, pero también convirtió su nombre en un símbolo de la defensa del territorio y de la vida.
La condena representa, por ello, mucho más que una sanción penal. Es un mensaje de que la defensa de los bosques, los pueblos indígenas y los derechos humanos merece protección y no puede ser respondida con violencia. La justicia no devuelve a Quinto Inuma a su familia, pero establece una responsabilidad frente a su muerte y reafirma que estos crímenes no deben quedar en el silencio ni en la impunidad.
Cuando se protege a quienes defienden la Amazonía, también se protege la vida y el futuro de todos.
