La protección de nuestros bosques no es una opción, sino un mandato urgente para garantizar el futuro de la biodiversidad enSan Martín. La impunidad ambiental recorta las alas de nuestra región; frenar el comercio clandestino de recursos forestales exige el compromiso absoluto de las autoridades y de la ciudadanía.

La Fiscalía Especializada en Materia Ambiental (FEMA) asesta un golpe contundente contra el tráfico ilegal de recursos maderables en la Amazonía peruana, demostrando que la fiscalización y el peso de la ley avanzan firmemente sobre las redes de extracción clandestina. En una reciente intervención en Yurimaguas, la FEMA de Alto Amazonas logró inmovilizar más de 103 metros cúbicos de madera bolaina de presunto origen ilícito, tras un operativo conjunto ejecutado en el puerto La Ramada a orillas del río Huallaga.

El cargamento, transportado por la embarcación fluvial M/F EL TUMI y dirigido por el patrón Adán Cuipano, evidenció graves irregularidades. Durante la inspección técnica, las autoridades constataron que el producto forestal —compuesto por 24 metros cúbicos sobre la proa y 76.55 metros cúbicos en el interior de la nave— presuntamente procedía del caserío Ungumayo con Libertad, ubicado en el río Marañón. Aunque se presentaron guías de transporte forestal en formato digital a nombre de la comunidad nativa Vista Alegre, el Ministerio Público procedió con la inmovilización al dudar de su legitimidad. Actualmente, el despacho a cargo de la fiscal provincial Vanessa Vela del Águila coordina estrechamente con la Gerencia Regional de Recursos Forestales y Gestión Ambiental de Alto Amazonas para verificar la autenticidad documental y esclarecer las responsabilidades penales por el presunto delito de tráfico ilegal de productos forestales maderables.

Esta ofensiva contra la tala ilegal también arrojó resultados determinantes en la provincia de Mariscal Cáceres. El Juzgado Penal Unipersonal Transitorio de Tarapoto dictó cuatro años de pena privativa de la libertad suspendida contra Bruno Reategui, hallado culpable del delito de tráfico ilegal de productos forestales maderables en agravio del Estado. La condena se originó tras una minuciosa investigación dirigida por la fiscal adjunta provincial Rosario del Carmen Horna Sinfuegos y el fiscal provincial John Nilton Ernesto Ventura Castillo, pertenecientes a la FEMA de Mariscal Cáceres.

El sentenciado fue procesado por la adquisición irregular de 1,740 pies tablares de madera pino chuncho, retenidos en el puerto del caserío Armayari, en el distrito de Pajarillo. La intervención policial y fiscal se activó al comprobarse técnicamente que la carga real difería por completo de la Guía de Transporte Forestal exhibida durante el control. Además de las reglas de conducta impuestas bajo pena de reclusión, Bruno Reategui deberá abonar una reparación civil de S/ 3 000, un fallo que consolida el principio de autoridad en la región San Martín.

La madera arrebatada ilegalmente a nuestros bosques no es solo pérdida material, es el desangramiento silencioso de nuestra Amazonía; cada troza incautada y cada sentencia dictada recuerdan que la justicia ambiental no descansará hasta erradicar mafias que lucran con el pulmón de la Tierra.

Nota de redacción ¿Qué otras medidas se podrían dar para fortalecer el control de la tala ilegal en los principales puertos fluviales de la Amazonía?

Frente al saqueo sistemático de nuestra Amazonía, una propuesta proactiva y urgente para blindar los puertos fluviales y asfixiar el tráfico ilegal de madera. Para frenar este flagelo, ya no bastan los operativos aislados, sino la implementación obligatoria de tecnología satelital y GPS en las embarcaciones, cruzando cada guía de transporte con alertas de deforestación en tiempo real.

Asimismo, establecer puestos de control fijos y permanentes con la participación coordinada de la FEMA, la Policía Nacional del Perú, la Marina de Guerra y las autoridades forestales en los puntos más críticos de la región.

Es imperativo, realizar auditorías rigurosas para erradicar el uso irregular de nombres de comunidades nativas en guías digitales, y dotar a los inspectores de escáneres volumétricos portátiles que permitan detectar discrepancias en el cubicaje en cuestión de minutos. Finalmente, la sociedad civil demanda celeridad y mano dura en el ámbito judicial, exigiendo condenas efectivas y reparaciones drásticas para que este delito deje de ser rentable.

La porosidad de los ríos ya no puede ser una excusa; cortar las rutas de comercialización en los puertos clave es el paso definitivo para defender nuestros bosques y garantizar la vida en la Amazonía.