“Se necesita superar la velocidad de crucero para poder aprovechar la ola que nos favorece. Si el cobre es una de nuestras fortalezas, es el momento de prestarle toda la atención posible al tema…”.
En tanto, el tema más grave es la inseguridad, la amenaza permanente de la minería ilegal. En La Libertad, por ejemplo, se han producido hace poco sucesivos episodios de violencia –léase Pataz– alrededor de estas actividades, al punto que se ha tenido que declarar el estado de emergencia en la zona, pues los ataques a los empresarios formales son recurrentes.
Pero esta minería que opera fuera de los márgenes de la ley y que genera un sinfín de negocios delictivos asociados a ella se están enquistando asimismo en regiones amazónicas como Madre de Dios, Huánuco, San Martín, Amazonas y Loreto, donde el brazo de la ley es extremadamente corto y la presencia del Estado es casi simbólica.
El Ejecutivo tiene, pues, una tarea perentoria que cumplir. De lo contrario, esta coyuntura económica favorable no será más que otra oportunidad perdida para el país.
La otra cara de la fortuna
Si bien el despunte del precio del oro, hacia el 2010 y 2011, motivó la expansión de la actividad extractiva en Madre de Dios y Puno, no fue sino hasta el 2018 cuando los primeros mineros ilegales aparecieron en las comunidades que bordean el Cenepa. El defensor awajún Zebelio Kayap, otro dirigente amenazado por oponerse a la explotación aurífera en el río, relata que con el brote del Covid-19 se agudizó la histórica desprotección del Estado a los pueblos indígenas de la cuenca fronteriza, y ello dio paso a un progresivo establecimiento de los enclaves de minería aluvial. Las carencias en cada comunidad, además, han sido un factor decisivo para esa suerte de dominio territorial alcanzado por los ilegales.