“El plan de desarrollo urbano no se está cumpliendo”, negó enfáticamente ser abogado defensor de Inmobiliaria Prana Lagoons, pero sí asesorar a un regidor.
Exsecretario general de la Municipalidad aclara que la alcaldesa no tiene potestad para anular la norma y que los regidores deben actuar con base en procedimientos técnicos y legales establecidos en la ley.
El debate en torno al proyecto inmobiliario Prana Lagoons en la zona de Ricuricocha continúa generando controversia. En este contexto, el abogado Hugo Gadalupe, exsecretario general de la Municipalidad y actual asesor técnico de algunos regidores, precisó que la solución al conflicto debe enmarcarse estrictamente dentro de los procedimientos legales.
“El procedimiento más correcto es que una ordenanza solo puede ser derogada por otra ordenanza. Para la nulidad, que es un proceso distinto, existen vías ya establecidas que deben ser evaluadas por el órgano jurisdiccional”, explicó.
Cristofer remarcó que no existe sustento legal para sostener que la alcaldesa pueda anular de manera directa una ordenanza municipal. “Dentro del aspecto de una opinión personal me parece que sí hay desconocimiento de la norma. La alcaldesa no puede anular una ordenanza; para eso existen justamente los mecanismos legales previstos en la ley”, indicó.
El abogado explicó que el procedimiento de derogatoria requiere necesariamente la presentación de un proyecto de ordenanza, que puede ser propuesto por cualquier regidor o incluso por la sociedad civil organizada. “Este proyecto tiene que ser evaluado por la parte técnica y administrativa de la municipalidad, de modo que exista un sustento normativo que garantice su viabilidad”, detalló.
En cuanto a las críticas en redes sociales que lo vinculan a una posición favorable hacia la inmobiliaria, aclaró que sus expresiones en el ámbito personal o social no deben confundirse con sus opiniones profesionales: “Las opiniones que puedo dar como abogado son en base a la norma vigente. Lo que se pretende, al menos he sentido en la reunión con los regidores, es buscar una solución dentro del marco legal”.
Sobre la situación de Ricuricocha, advirtió que los planes de desarrollo urbano no se están cumpliendo adecuadamente: “Es evidente que en nuestra realidad existen lotizaciones que ya han depredado la vegetación sin ningún tipo de autorización. Más bien, la empresa que sí ha solicitado las autorizaciones y sigue el procedimiento administrativo respectivo viene siendo cuestionada”.
Finalmente, Guadalupe sostuvo que cualquier salida al conflicto debe darse con una ordenanza técnicamente sustentada, producto de mesas de trabajo, informes especializados de los entes competentes y pleno respeto a las áreas de protección, las zonas de conservación y la ZOCRE. “Es todo un desarrollo que requiere tiempo y seriedad”, concluyó.
Sin embargo, Guadalupe en su cuenta de Facebook, que es una cuenta pública comenta:
No todo lo que «informan» los medios es verdad, en este tema se mueven intereses económicos, el AMOR A LO VERDE de los autodenominados «ambientalistas» no necesariamente está referido al verde de las hojas, no hay peor ciego que el que no quiere ver.
CASO RICURICOCHA: ¡las cosas como son!
En mi calidad abogado y asesor legal de algunos regidores de la MPSM, como conocedor directo del procedimiento, debo ser claro al respecto:
La Ordenanza Municipal N.° 022-2025-MPSM, que aprueba el Plan Específico de Ricuricocha, se tramitó y aprobó cumpliendo estrictamente el marco normativo.
Hubo expediente técnico.
Dictamen de comisión de regidores.
Informe legal de asesoría jurídica.
Consulta pública con participación ciudadana y de entidades del Estado (22/07/2024).
El plan no altera la zonificación vigente ni afecta la Laguna Ricuricocha, área que sigue inscrita y protegida como intangible. Incluso se han establecido zonas de protección ambiental dentro del mismo plan específico aprobado.
Las denuncias penales, acciones de amparo y pedidos de medidas cautelares que se han presentado, en mi opinión particular, no tienen sustento jurídico ni técnico. Hasta ahora no existe ninguna evidencia objetiva de la comisión de un delito ambiental ni de daño efectivo a la laguna.
Lo que sí hay es presión mediática y política, pero jurídicamente la ordenanza se sostiene sobre la Constitución, la Ley Orgánica de Municipalidades, la Ley 31313 y el D.S. 012-2022-VIVIENDA.
Se respeta el derecho a la protesta y la sana crítica, pero corresponde decirlo sin rodeos: la decisión del concejo municipal fue legal, transparente y orientada al desarrollo ordenado y sostenible, sin poner en riesgo Ricuricocha.
No todo lo que «informan» los medios es verdad, en este tema se mueven intereses económicos, el AMOR A LO VERDE de los autodenominados «ambientalistas» no necesariamente está referido al verde de las hojas, no hay peor ciego que el que no quiere ver.
En Voces no acostumbramos responder comentarios desatinados, pero esta vez haremos una excepción por la importancia que reviste el caso y en el estricto orden y respeto.
Abogado Guadalupe: En VOCES NO NEGOCIAMOS nuestra línea periodística, NO negociamos intereses ocultos
En Voces no vendemos titulares, no maquillamos la verdad ni jugamos a los silencios cómplices. Nuestra línea en el tena socio-ambiental es clara: la Laguna Ricuricocha se defiende con principios, no con honorarios.
El abogado Guadalupe, en su calidad de asesor de algunos regidores de la MPSM, ha salido a proclamar que la Ordenanza Municipal N.° 022-2025-MPSM “cumple estrictamente el marco normativo”. Habla de expedientes técnicos, informes legales, dictámenes y consultas públicas. Pero omite lo esencial: Ricuricocha sigue siendo un ecosistema frágil, bajo presión de intereses inmobiliarios y políticos.
Nos acusa de “presión mediática y política”. Respondemos con firmeza: la prensa libre no se alquila ni se arrodilla. Nuestra misión no es blindar a nadie, sino defender lo que pertenece a todos.
Que quede claro: los papeles no garantizan transparencia. La defensa del ambiente no se mide en informes jurídicos, se mide en valores, con principios. Y cuando un asesor hoy aconseja en el municipio y mañana litiga en privado, esa es la clásica puerta giratoria que tanto daño hace a la ética pública.
Aquí no hay espacio para doble moral. En Voces defendemos Ricuricocha y el medio ambiente porque creemos en la vida y apostamos por una vida en armonía para nuestros hijos, y las futuras generaciones, porque no todo lo que luce como “desarrollo ordenado” lo es, y porque sabemos que detrás de algunos discursos técnicos se mueven intereses económicos disfrazados.
La laguna es intangible por ley y por conciencia.
No necesita discursos, necesita convicción. Por eso lo decimos sin rodeos: Ricuricocha no se negocia, señor abogado. Se defiende con hechos, no con tecnicismos ni con honorarios.
ADEMAS: La participación del abogado Hugo Guadalupe, exsecretario general de la Municipalidad Provincial de San Martín y actual asesor de regidores, configura un posible conflicto de interés en el marco del debate sobre la OM 022-2025 que afecta la zona de Ricuricocha, pues su doble rol – como exfuncionario municipal y asesor en ejercicio – compromete la apariencia de objetividad e imparcialidad que deben regir la toma de decisiones públicas.
En ese sentido, corresponde que la ciudadanía exija transparencia, y que los regidores fundamenten sus decisiones exclusivamente en criterios técnicos y normativos, garantizando el cumplimiento del Plan de Desarrollo Urbano y la protección de un ecosistema frágil y estratégico como Ricuricocha.
