La tensión en la región ha escalado hacia un nuevo escenario jurídico y administrativo. Las organizaciones del pueblo Shawi han decidido cerrar la etapa de diálogo político con la autoridad municipal local para exigir, en su lugar, la intervención directa de las altas instancias del Estado peruano. A través de canales formales, los líderes indígenas han solicitado la presencia urgente de la Contraloría General de la República, el Ministerio Público y la Defensoría del Pueblo, con el objetivo de iniciar investigaciones objetivas e independientes que esclarezcan el manejo de los fondos públicos durante la actual gestión.

El eje central de la denuncia radica en el estado de la infraestructura pública. Según la documentación presentada ante la Contraloría, el Comité de Lucha demanda una verificación física in situ de las obras ejecutadas entre los años 2022 y 2025. Los dirigentes señalan que existen graves inconsistencias entre los presupuestos ejecutados y el avance real de los proyectos, sugiriendo que las cifras reportadas en el papel no coinciden con la realidad de las comunidades. Además, las sospechas de mal manejo se extienden a los programas sociales y a las constantes trabas en el acceso a la información pública, un derecho que los denunciantes consideran sistemáticamente vulnerado.

La preocupación por la integridad de la población también ha sido formalizada. El pasado 4 de febrero, las organizaciones indígenas presentaron una solicitud de intervención ante la Defensoría del Pueblo, alertando sobre la vulneración de derechos fundamentales y solicitando un acompañamiento institucional que permita prevenir escenarios de mayor conflictividad social. Por su parte, la organización CORPI SL ha respaldado estas acciones, enfatizando que la transparencia y la rendición de cuentas no son opcionales, sino derechos esenciales. La organización hizo un llamado enérgico al Estado para garantizar el respeto a los derechos humanos de las comunidades movilizadas, instando a una intervención oportuna que facilite una resolución democrática y pacífica de este conflicto.