La expansión de la minería ilegal ya no solo erosiona la economía formal: compromete la supervivencia de ríos, bosques y comunidades en la Amazonía, las cabeceras hídricas comienzan a pagar el costo de la inacción.

El avance de la economía ilícita vinculada al oro en el Perú ha cruzado una línea crítica. De acuerdo con María Alejandra Ormeño, jefa de políticas públicas del Instituto Peruano de Economía (IPE), las exportaciones de oro de origen ilegal han superado los $11,000 millones, una cifra que no solo marca un récord histórico, sino que revela un crecimiento de 6.5 veces en la última década, consolidando a esta actividad como uno de los mayores circuitos económicos paralelos del país. Lejos de tratarse de un fenómeno aislado, el incremento responde a una estructura criminal cada vez más sofisticada que ha logrado insertarse en cadenas logísticas, comerciales y financieras con notable eficacia.

Entre 2021 y 2025, las denuncias por minería ilegal pasaron de 1,200 a más de 2,600 casos, con focos intensos en regiones como La Libertad, Cajamarca y Madre de Dios, pero con señales de expansión hacia territorios más sensibles desde el punto de vista ecológico, como la Amazonía nororiental. En paralelo, las operaciones sospechosas en el sistema financiero alcanzaron los $6,000 millones en 2025, duplicando los niveles de 2021, lo que evidencia que el problema ha permeado los mecanismos de control económico del país y plantea serios cuestionamientos sobre la capacidad de fiscalización estatal.

Sin embargo, el impacto más profundo no se mide únicamente en términos monetarios. En la cuenca amazónica —y particularmente en regiones como San Martín— la expansión de la minería ilegal e informal comienza a presionar zonas de altísima fragilidad: las cabeceras de ríos y quebradas, donde nacen los sistemas hídricos que abastecen a miles de familias y sostienen la biodiversidad. A diferencia de la minería formal, que opera bajo estándares ambientales y controles regulatorios – aunque no exenta de tensiones – , la actividad ilegal introduce prácticas altamente destructivas como la deforestación indiscriminada, el uso de mercurio y la alteración del cauce natural de las aguas.

En estas áreas, el daño es acumulativo y muchas veces irreversible. La remoción de suelos en cabeceras genera procesos de sedimentación que degradan la calidad del agua río abajo, afectando no solo ecosistemas acuáticos, sino también actividades agrícolas y de consumo humano. A ello se suma la contaminación por metales pesados, que ingresa a la cadena alimentaria y representa un riesgo sanitario latente.

En territorios como San Martín, donde la economía local depende en gran medida de la agricultura sostenible y los servicios ecosistémicos, la irrupción de economías ilegales amenaza con desarticular modelos productivos que han tomado décadas en consolidarse.

El contraste con la minería formal resulta inevitable. Si bien esta última también enfrenta cuestionamientos – particularmente en zonas de conflicto social – su operación implica aportes fiscales, generación de empleo regulado y cumplimiento de estándares ambientales mínimos, elementos completamente ausentes en la minería ilegal. La informalidad, por su parte, se ubica en una zona gris que, sin procesos efectivos de formalización, termina siendo funcional al circuito ilícito, ampliando su alcance territorial y social.

Las declaraciones de Ormeño no solo describen un problema económico, sino que trazan una advertencia estructural: la minería ilegal ha dejado de ser una actividad marginal para convertirse en un sistema que desafía la gobernabilidad del país.

En ese contexto, el llamado al próximo gobierno no admite ambigüedades. No bastan los comunicados declarativos ni los operativos aislados; se requiere una estrategia integral que combine inteligencia financiera, control territorial, alternativas económicas sostenibles y una presencia efectiva del Estado en zonas críticas.

El desafío es particularmente urgente en la Amazonía, donde la defensa de las cabeceras de cuenca no es solo una cuestión ambiental, sino un imperativo de seguridad hídrica y supervivencia regional. La pregunta ya no es si el Estado debe actuar, sino si llegará a tiempo para evitar que el oro ilegal termine por secar las fuentes que sostienen la vida.