El ex fiscal de la Nación Pablo Sánchez consideró que sería un error modificar la prisión preventiva, dado que sus efectos serían contrarios para el sistema penal y anticorrupción.
Sostuvo que el argumento de que los investigados deben permanecer en libertad, tomando como base la presunción de inocencia, se contradice con la realidad, pues por lo general estas personas muestran resistencia a las indagaciones.
“No acuden a las citaciones judiciales, incluso se ocultan de la justicia o fugan del país cuando se dan cuenta de la prueba sobreviniente, sobre todo cuando se trata de delitos graves”, afirmó.
Indicó que el Congreso, para no generar impunidad y para vencer la resistencia del investigado, ha creado medidas de coerción que obligan a asegurar la presencia del investigado al sistema de justicia.
Una de esas medidas, explicó, es la prisión preventiva, cuya aplicación dependerá de la gravedad del delito y en respeto a principios de necesidad, proporcionalidad y razonabilidad, principalmente.
“Siendo la prisión preventiva la medida más severa, su aplicación debe ser excepcional y debidamente justificada”.
Explicó que de los requisitos que exige la ley para imponer la prisión preventiva: pena superior a 4 años, vinculación con los hechos investigados y el peligro procesal, el último es el que genera mayor debate.