En el Alto Amazonas
La reciente jornada de protesta de los maestros en Alto Amazonas, realizada los días 29 y 30 de octubre, vuelve a colocar sobre la mesa una herida abierta: la deuda social del Estado con el magisterio peruano. Miles de docentes, activos, cesantes y jubilados, marcharon en Yurimaguas para recordarle al gobernador regional de Loreto, René Chávez, que la palabra dada en campaña no puede quedar archivada en los anaqueles del olvido político. Prometió pagar la histórica deuda social; hoy, los maestros exigen que cumpla.
Su reclamo no es nuevo ni aislado. Durante décadas, sucesivos gobiernos han evadido el pago íntegro de beneficios laborales como preparación de clases, luto, sepelio y otros derechos adquiridos por ley. No son dádivas: son obligaciones. Y cada año sin respuesta se traduce en maestros que envejecen esperando justicia, algunos incluso mueren sin recibir lo que les corresponde.
En Alto Amazonas, la dirigencia del SUTE busca un espacio en la mesa técnica que se instalará en la UGEL Alto Amazonas, con el fin de revisar los saldos presupuestales y avanzar en la amortización de la deuda social. Es un paso, aunque insuficiente. La voluntad política se mide por hechos, no por discursos, y la ausencia de autoridades titulares en el diálogo con los docentes revela más indiferencia que compromiso.
A nivel nacional, el panorama no es alentador. Los avances en el pago de la deuda social han sido lentos y fragmentados. El Estado ha priorizado, de manera intermitente, a los casos judicializados con sentencia firme, dejando a miles de maestros en la incertidumbre administrativa. Cada año se anuncian recursos, pero nunca alcanzan; cada gestión promete acelerar el proceso, pero la burocracia y la falta de decisión política actúan como red de contención para prolongar la deuda.
La educación pública no puede sostenerse sobre la postergación eterna de quienes la hacen posible. Reconocer la labor docente implica más que homenajes en fechas conmemorativas: implica cumplir la ley, honrar la palabra y saldar una deuda que es moral, económica y social.
Los maestros exigen al Gobierno Regional de Loreto mucho más que el pago de la deuda social: demandan escuelas dignas, infraestructura adecuada, mobiliario escolar en buen estado, el cumplimiento de la entrega de laptops prometidas y la garantía del pago del mes de diciembre. No son caprichos, son condiciones mínimas para garantizar una educación pública de calidad en una región históricamente postergada.
Hoy son los maestros de Alto Amazonas y Datem del Marañón quienes alzan la voz. Mañana, inevitablemente, será todo el país. Porque la memoria del magisterio no olvida, y las promesas que no se cumplen regresan, tarde o temprano, a cobrar factura.
