Moyobamba. El paro de 24 horas promovido por las rondas campesinas de esta provincia, el día martes 13, tiene un largo tira y afloje con los encargados de impartir justicia del Ministerio Púbico y del Poder Judicial, los ronderos, consideran que están errados en sus procedimientos.
Para entender un poco este tema:
El presente paro fue promovido básicamente por las rondas de Soritor dentro del cual también sostienen una larga lucha con el alcalde Josué Jara Acuña, a quien acusan de diversos delitos y al Ministerio Público de tardar mucho en dar paso a las investigaciones y, hasta de solapadamente promover la prescripción de los mismos.
Indicaba por ejemplo el exregidor de la comuna soritorina Segundo Arista, que el año pasado quemaron todos los archivos de la municipalidad de Soritor gestión 2011 al 2014 pero las autoridades no hacen caminar los expedientes, por ello los ronderos exigen mayor celeridad y el castigo a los responsables.
Sostuvo también que en este distrito hay una red criminal que está operando por ello la necesidad de hacer cambios en el Poder Judicial y Ministerio Público.
Se informa que en la margen izquierda del río Mayo se han producido muertes hasta la fecha, que superan los 30 asesinatos, pero hasta ahora no se sabe nada de los resultados de las investigaciones.
Argumentan también que los fiscales actúan como si les tuvieran odio por ello piden penas para sus dirigentes que van desde los 20; 25 años y hasta cadena perpetua.
También reconocen que se les acusa por abuso de autoridad, excesos y de secuestros a estos dirigentes que hoy son juzgados por el Ministerio Público y el Poder Judicial. Pero se defienden indicando que hay una persecución a los ronderos, pero son en las asambleas donde se definen que acciones se toman para combatir a los delincuentes y los delitos, argumentan.
Todo ello ahora puesto en el conLa gente común hace suyo en su gran mayoría los reclamos ronderiles, ahora puestos de manifiesto con asesinatos en esta ciudad cotidianos. Para una convivencia pacífica se hace necesario que se investigue en ambas direcciones de un lado a los que cometen excesos dentro de las rondas, pero sobre todo que los expedientes de los ex funcionarios implicados en investigaciones no duerman y de comprobarse sus delitos sean sancionados, de lo contrario, hay una tendencia al crecimiento de la brecha que separa ahora a los que imparten justicia y al poblador común y corriente.
El ejemplo debe salir de casa.
Así mismo que sea la propia institución Ministerio Público y Poder Judicial que investiguen a aquellos funcionarios que tuvieron a sus esposas o convivientes laborando dentro de las administraciones municipales y gobierno regional en las gestiones del año 2011 al 2014, para que se aplique los correctivos de ley de lo contrario este problema será de nunca acabar y el consiguiente descrédito. (Alfonso Delgado G.)
