Mientras la ley insiste en negar el rol del dinero privado, la política peruana sigue funcionando en la sombra. Sin transparencia ni reglas realistas, el sistema solo reproduce desigualdad, informalidad y captura del poder.

La política no se mueve con discursos ni con buenas intenciones: funciona con dinero. Esa es la premisa incómoda que atraviesa la columna “Partidos sin plata (formal)”, firmada por Carlos Meléndez, donde se desnuda una de las mayores hipocresías del sistema político peruano: la pretensión legal de que los partidos pueden operar sin financiamiento privado real y transparente.

Hace aproximadamente dos décadas, el autor recuerda una conversación con un congresista de orientación liberal promercado, en pleno debate sobre una reforma regulatoria que terminaría afectando a un sector clave de la economía formal. La norma, impulsada por una ola populista, avanzaba sin mayores resistencias. ¿La razón? Los empresarios ya no financiaban directamente a los partidos, como sí lo hacían antes de 1993, cuando la Constitución cerró esa posibilidad. “Solo nos buscan cuando están en aprietos, cuando ya no podemos hacer nada”, fue la respuesta sincera.

Ese quiebre explica, en buena parte, el divorcio entre la clase política y el resto de la sociedad, así como la precariedad del sistema de representación. Los sectores sociales organizados, que antes encontraban canales de expresión institucional, hoy quedan relegados frente a formas informales de influencia, muchas veces opacas y desiguales. El resultado: una crisis de representación crónica, especialmente en la derecha, que aun cuando ha ganado la batalla electoral, ha perdido la batalla de la legitimidad.

La paradoja es evidente. Aunque el financiamiento privado está formalmente prohibido o severamente restringido, en la práctica existe y es determinante. Se filtra en campañas, consultorías, aportes bajo la mesa y mecanismos paralelos que el sistema prefiere no ver. Más de una década después, ya existen condiciones legales y técnicas para transparentarlo, pero no hay voluntad política. El temor no es jurídico, es moral: el prejuicio antipolítico que asocia empresa con corrupción y dinero con delito.

El texto advierte que esta narrativa ha sido funcional a una cultura política que normaliza el enfrentamiento entre empresa y política, deslegitima el aporte privado transparente y refuerza un discurso “antielites” que termina debilitando la institucionalidad. Incluso sectores intelectuales han contribuido a esta estigmatización, promoviendo una visión donde toda relación entre capital y política es sospechosa, ignorando que en democracias modernas esa interacción es regulada, pública y fiscalizada.

En este escenario, el financiamiento limpio debería convertirse en una urgencia democrática. No para favorecer a intereses particulares, sino para reducir la probabilidad de que el dinero ilegal capture el próximo Congreso. Como señala Meléndez, cuantos más recursos transparentes ingresen a la campaña electoral, menores serán las probabilidades de que actividades ilícitas influyan en el poder político.

Persistir en la ficción de “partidos sin plata” no fortalece la democracia: la debilita. Impide la renovación política, consolida la informalidad y aleja a los sectores productivos de la toma de decisiones. Apostar por reglas claras, fiscalización efectiva y financiamiento abierto no es claudicar ante el dinero, sino reconocer que sin él no hay política posible, solo simulación.

Porque la política siempre ha funcionado con dinero. La diferencia es si lo hace a la luz del día o en la oscuridad. Autor:Carlos Meléndez – Fuente: Columna “Pão de Deus”, El Comercio