Convocarán a congresistas regionales para defender intereses de San Martín, pero no asistieron…
Una nueva convocatoria a los congresistas de San Martín para que presenten un proyecto de Ley para modificar o anular el Decreto Supremo N° 009-2013-IN, que afecta los intereses de la región San Martín, fue el acuerdo al que arribaron consejeros regionales y representantes de las estaciones de servicio y grifos, Osinerming y Devida, en reunión realizada ayer en la Gerencia Territorial Bajo Mayo de Tarapoto.
Ante la ausencia injustificada de la mayoría de congresistas representantes de nuestra región, se decidió invitarlos para una próxima reunión con el presidente regional para que se tomen las acciones correspondientes planteadas en el desarrollo de la cita de ayer convocada por la presidenta de la comisión de Desarrollo Económico del Consejo Regional de San Martín, Elia Anacely Córdova Calle, para tratar la problemática de los combustibles en la región.
En el Decreto Supremo N° 009-2013-IN, del 01 de junio del 2013, se fijan zonas geográficas para la implementación del Régimen Especial de Control de Bienes Fiscalizados, donde se incluye a la región San Martín. Este decreto es normado a través del Decreto Legislativo 1126, que establece medidas de control en los insumos químicos y productos fiscalizados, maquinarias y equipos utilizados para la elaboración de drogas ilícitas.
Es decir, que establece restricciones en la venta de químicos de uso ilegal, sin embargo, a través de un nuevo acápite se agrega a los combustibles, que es un producto de consumo masivo.
Al respecto, Haydith Del Águila Valera, presidenta de la Cámara de Comercio, Producción y Turismo de San Martín, y asesora de la Asociación de Griferos y Transportistas de Hidrocarburos de la Región San Martín, sostuvo que desde el 27 de agosto del 2013 se está aplicando el DL 1126 en 12 regiones y está afectando no solo a las estaciones de servicio y grifos, sino también a los usuarios.
Explicó que el combustible diesel en San Martín está dirigido esencialmente al sector productivo, la construcción y transporte fluvial. Señaló que con este marco legal, ya no podrá surtirse con combustible a la maquinaria y vehículos fluviales, y que solamente se ha pensado en autos y camiones. “No corresponde a la realidad de la región San Martín”, afirmó.
El consejero regional por Tocache, Segundo Sánchez Saravia, también miembro de la comisión de Desarrollo Económico, expresó que el decreto supremo es anticonstitucional porque se está atentando contra el desarrollo de la región San Martín.
“Nos incluyen como si fuéramos una región donde se mantiene activo el narcotráfico y el terrorismo de los años ochenta. Este trato se da en Ucayali y en el VRAE, donde existe la minería ilegal y el narcotráfico”, comentó.
Con el decreto, añadió, se paraliza todo el desarrollo; los municipios no tendrían el combustible para ejecutar sus obras. Sería un caos toda la región San Martín, afirmó.