La canadiense Hannan Metals ha anunciado que espera iniciar perforaciones en su proyecto minero en la región San Martín durante el tercer trimestre de 2025, una vez reciba la autorización del Ministerio de Energía y Minas (Minem). Sin embargo, el anuncio hecho por el fundador de la empresa, Lars Dahlenborg, durante la conferencia proEXPLO 2025, ha reavivado la preocupación entre comunidades locales de zonas como Tabalosos, Soritor, el proyecto ha generado tensiones desde su fase inicial.
La compañía, que ha identificado presencia de cobre y plata en el área, ya cuenta desde enero de 2024 con una Declaración de Impacto Ambiental (DIA) para implementar hasta 40 plataformas de perforación. No obstante, la autorización definitiva del Minem sigue pendiente. Según Dahlenborg, “si todas las estrellas se alinean”, las perforaciones podrían comenzar este mismo año, destacando el potencial económico del yacimiento ubicado en sedimentos del sector occidental del proyecto.
Un historial de conflicto y desconfianza
Más allá de las expectativas técnicas y financieras, lo cierto es que el proyecto San Martín no cuenta con licencia social. Diversos sectores de la sociedad civil, organizaciones indígenas y líderes locales han manifestado su oposición a la presencia de actividades mineras en esta zona amazónica, conocida por su alta biodiversidad y fragilidad ambiental.
En localidades como Tabalosos y Soritor (provincia de Lamas), así como en Sacanche (provincia de Huallaga), los pobladores han expresado reiteradamente su temor frente a los posibles impactos de la actividad minera sobre las nacientes de agua y otras fuentes hídricas que abastecen a comunidades enteras. Desde 2021, se han desarrollado múltiples reuniones, plantones y pronunciamientos colectivos en defensa del agua y del territorio, bajo el lema «Sin agua no hay vida, no a la minería en San Martín».
Uno de los puntos más sensibles es la falta de consulta previa a las comunidades, muchas de las cuales se identifican como pueblos originarios o campesinos organizados. Para varios dirigentes, el proyecto de Hannan Metals avanza sin transparencia ni diálogo real, y con escasa presencia del Estado para fiscalizar y garantizar derechos.
Lecciones no aprendidas
En el caso de Tabalosos, ya en 2022 se registraron tensiones entre defensores ambientales y representantes de la empresa, en medio de denuncias por falta de información clara sobre los planes de perforación. Lo mismo ocurrió en Soritor donde los pobladores temen que el avance del proyecto afecte quebradas y manantiales vitales para el consumo humano y para sus actividades agrícolas.
Cabe señalar que San Martín es una región que ha apostado históricamente por modelos de desarrollo alternativo a la minería, con énfasis en agricultura sostenible, reforestación, turismo ecológico y bioeconomía. La posibilidad de una intervención extractiva a gran escala, especialmente en zonas sensibles, representa una amenaza para estas apuestas regionales.
¿Una oportunidad o una imposición?
Mientras Hannan Metals se prepara para perforar, la sociedad civil exige al Gobierno central frenar cualquier aprobación sin un proceso previo de consulta efectiva y respetuosa. Organizaciones ambientales y redes de derechos humanos han alertado sobre la urgencia de poner en el centro el principio de “consentimiento libre, previo e informado”, tal como lo establecen normas nacionales e internacionales.
El caso del proyecto San Martín no es solo una disputa sobre recursos minerales, sino una muestra del conflicto más profundo entre dos visiones de desarrollo: una basada en la extracción intensiva de recursos, y otra que prioriza la protección de ecosistemas y la sostenibilidad territorial.
En los próximos meses, la tensión podría escalar si el Minem otorga la autorización sin atender las demandas locales. La región, conocida por su riqueza natural y cultural, podría convertirse nuevamente en un epicentro de conflicto socioambiental. Fuentes: Portal Minero – Diario digital de Minería y Energía