Perú seguiría los pasos de Venezuela, que se retiró de la Corte en 2018.
En una decisión que podría marcar un punto de inflexión en la política exterior peruana, el Ministerio de Relaciones Exteriores creó, mediante Resolución Secretaría General del 15/08/2024, un Grupo de Trabajo Sectorial para evaluar la continuidad del Perú en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos (SIDH), incluyendo su adhesión a la Corte IDH.
El grupo, de composición mayoritaria por funcionarios de Cancillería, tendrá 10 días hábiles para instalarse. Su objetivo es elaborar una propuesta normativa para crear una comisión multisectorial de alto nivel que decidirá el futuro del Perú en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos (SIDH).
Entre sus integrantes destaca el embajador Eduardo Pérez del Solar, conocido por sus posturas críticas hacia el sistema interamericano. Además, todos sus documentos serán “confidenciales”, blindándose contra pedidos de transparencia (Art. 9).
La medida llega cuando el gobierno de Dina Boluarte acaba de promulgar la Ley de Amnistía para FF.AA. y PNP, a pesar de que la CIDH había exigido detener ese proceso legislativo. Sectores oficialistas argumentan que el sistema interamericano vulnera la soberanía nacional.
De concretarse, el Perú perdería mecanismos clave de protección ciudadana, lo que debilitaría casos como el de esterilizaciones forzadas y conflictos sociales, y aislaría al país del sistema regional de derechos humanos.