Funcionarios de Cancillería, del Ministerio de Justicia y del INPE sostendrán reuniones para llegar a un acuerdo bilateral con el país caribeño.
El gobierno peruano ha iniciado los trámites para llegar a un acuerdo bilateral con El Salvador a fin de enviar a presos extranjeros a las cárceles de alta seguridad que instaló la administración del mandatario Nayib Bukele.
La corte internacional afirma que ese proyecto de ley impediría sancionar ejecuciones extrajudiciales, torturas, violaciones y desapariciones forzadas cometidas por agentes del orden.
El pasado 12 de junio, el premier Eduardo Arana comunicó ante el Congreso de la República, en su discurso para conseguir el voto de confianza, que la pretensión es trasladar a los internos al Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot) del país caribeño.
«El crimen organizado internacional exige respuestas firmes y coordinadas, por ello el gobierno ha evaluado mecanismos de cooperación internacional para el traslado de internos extranjeros de alta peligrosidad a sus países de origen, incluyendo centros especializados como el Cecot de El Salvador, esta medida busca descongestionar los penales», manifestó Arana.
«La Dirección General de Asuntos Criminológicos, en el marco de sus competencias en materia penitenciaria, ha previsto la programación de hasta tres reuniones de trabajo para construir una posición interinstitucional, con la participación del Ministerio de Relaciones Exteriores, el Ministerio del Interior y el Instituto Nacional Penitenciario (INPE). El propósito es evaluar los instrumentos, mecanismos o la vía de cooperación bilateral más adecuada para facilitar, de ser el caso, el traslado de internos extranjeros a establecimientos penitenciarios fuera del territorio nacional», se lee en el documento.
Chamorro precisó que las citas tendrán tres puntos en agenda: evaluar técnicamente la viabilidad real de la cooperación bilateral para tal fin; una vez realizado los informes, se construirá una posición interinstitucional sobre la base de las opiniones de cada sector; y en la última sesión se presentarán los comentarios finales para definir la propuesta formal.
De acuerdo a registros del INPE, actualizados a agosto de 2024, la población penitenciaria es de 98, 271, lo que representa un 136% de hacinamiento, uno de los más altos de Latinoamérica después de Bolivia.
Los presos extranjeros ascienden a 4,968 internos, ocupando el primer lugar Venezuela con 3,582. Le siguen Colombia con 747; Ecuador 163; México 99; Bolivia 67; Brasil 62; Argentina 47; Chile 42; República Dominicana 17 y España 14.