¿Cómo entender esta medida?
La decisión del lunes 4 de agosto de 2025 de la Policía Nacional del Perú (PNP) de suspender todas las operaciones de su Dirección de Medio Ambiente contra la minería y tala ilegal en las regiones de San Martín, Madre de Dios y Loreto -con excepción de Pataz- ha generado profunda preocupación. Según el memorándum firmado por el teniente general Zenón Loayza, jefe de la Dinincri, el retiro del personal busca “replantear las operaciones policiales contra los delitos ambientales” y reorientar los esfuerzos a desarticular bandas criminales
Pero, ¿Qué significa esta paralización frente a una realidad insostenible?
Deforestación acelerada y alarmante en San Martín
Entre el 6 y el 13 de julio de 2025, se registraron 87 245 alertas de deforestación en San Martín, afectando un total de 1 070 hectáreas, de las cuales un 15 % corresponden a zonas de alta severidad –globalforestwatch.org –
En términos anuales, en 2022, San Martín pérdida 17 764 ha, mientras que en 2023 la cifra fue de 16 824 ha, una reducción mínima que refleja una situación persistente y grave – Paskay –
Además, entre 2001 y 2023, la región acumuló una pérdida de 515 364 ha, equivalente al 13.6 % de su cobertura forestal original y 1.8 veces el tamaño de Lima Metropolitana.
¿Y ahora quién acompaña las diligencias?
Con la retirada del personal especializado, surge la legítima inquietud: ¿quién asumirá la responsabilidad de contener la tala y minería ilegal? San Martín es una de las regiones más afectadas por la deforestación en Perú, tanto por la minería como por infraestructura vial que facilita el ingreso de actividades ilícitas.
La pregunta es dolorosamente clara: ¿se trata de una pausa táctica, o acaso una puerta abierta para que la ilegalidad, la contaminación y el tráfico de madera sigan avanzando impunemente?
Resumen clave en datos:
Periodo | Deforestación en San Martín |
6–13 julio 2025 | 1 070 ha alertadas (15 % alta severidad) |
Año 2022 | 17 764 ha perdidas |
Año 2023 | 16 824 ha perdidas |
2001–2023 (acumulado) | 515 364 ha (13.6 % de la cobertura forestal) |
Esta medida policial ha sido comunicada en medio de cuestionamientos al presupuesto militarizado, mientras la urgencia ambiental exige presencia efectiva en el terreno. San Martín – con su riqueza biológica y comunidades vulnerables- exige respuestas rápidas y operativos sólidos, no vacíos que solo aceleran su despojo.