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Poder Judicial actualiza el Pacto por la Justicia Ambiental en el Perú con compromisos hacia el 2030

El Poder Judicial del Perú presentó la actualización del Pacto por la Justicia Ambiental en el Perú, tomando como referencia la experiencia del Pacto de Madre de Dios y estableciendo diez compromisos al año 2030, orientados a fortalecer la protección del medio ambiente, garantizar el acceso a la justicia y defender los derechos de las poblaciones vulnerables. La iniciativa busca responder a la creciente degradación ambiental y promover una justicia más especializada, oportuna e intercultural, en concordancia con los principios de ecología integral planteados por el papa Francisco en su encíclica Laudato si’ y el llamado a la acción del papa León XIV.

En este proceso, la presidenta del Poder Judicial, Janet Tello Gilardi, participó en Ciudad del Vaticano en el taller internacional Building Climate Resilience Legislation, organizado por la Pontificia Academia de Ciencias Sociales, donde expuso los avances de la justicia peruana en materia ambiental. Destacó el reconocimiento del río Marañón como sujeto de derechos, las sentencias del caso Alto Tamaya-Saweto, la protección de la Reserva Nacional Dorsal de Nasca y el impulso de penas comunitarias orientadas a la reforestación.

La actualización del Pacto contempla diez compromisos fundamentales: garantizar el acceso efectivo a la justicia ambiental, eliminando barreras económicas, geográficas y culturales; fortalecer una justicia especializada, eficaz e intercultural; mejorar la prevención e investigación de delitos ambientales como la minería ilegal, la deforestación y el tráfico de especies; proteger a las personas defensoras del ambiente y sus territorios frente a amenazas y agresiones; garantizar los derechos de los pueblos indígenas y las poblaciones vulnerables; reforzar la protección de los ecosistemas, la biodiversidad, los bosques y el agua; incorporar la justicia climática y la resiliencia frente al cambio climático en la administración de justicia; garantizar la transparencia, el acceso a la información y la participación ciudadana en asuntos ambientales; asegurar el cumplimiento de las medidas de reparación y restauración de los daños ambientales; y construir una agenda nacional de justicia ambiental basada en el conocimiento, la cooperación institucional y la rendición de cuentas.

El documento también plantea fortalecer la coordinación entre las instituciones públicas, la academia, las organizaciones sociales y los pueblos indígenas, así como establecer mecanismos de seguimiento y evaluación para verificar el cumplimiento de los compromisos. De esta manera, el Poder Judicial busca que la justicia ambiental no se limite a sancionar los daños ocasionados, sino que también contribuya a prevenir los delitos, recuperar los ecosistemas y proteger los derechos de las comunidades, garantizando un ambiente saludable para las actuales y futuras generaciones.

Para el Abogado Mariano Castro abogado especialista en derecho ambiental, gestión pública y desarrollo sostenible, los compromisos que se asume mediante el pacto se reflejan en: “acercar la justicia ambiental a quienes más la necesitan. Eso implica reducir las barreras de acceso, tales como la distancia, costo e idioma; fortalecer la especialización de quienes administran justicia; y atender a los pueblos indígenas con respeto por sus lenguas, conocimientos y formas de organización. También implica ofrecer información a tiempo y abrir espacios para que las comunidades puedan influir en las decisiones que afectan sus territorios”.

Así mismo sostiene que “el Pacto compromete a las instituciones a coordinar la prevención, la investigación y la sanción de delitos ambientales como la minería ilegal, la tala ilegal y el tráfico de especies. Esa respuesta incluye proteger a quienes defienden el ambiente y sus territorios, actuar antes que sea irreversible el daño al agua, a los bosques o la biodiversidad e incorporar la justicia climática en las decisiones que afectan a las poblaciones más expuestas” anota.

Y cuando el daño ya ocurrió, nos dice que “el Pacto pide que se cumplan las decisiones de reparación, remediación y, cuando corresponda, restauración. Su décimo compromiso reúne estos esfuerzos en una agenda nacional al 2030: que las instituciones cooperen con la academia, los pueblos indígenas y la sociedad civil, y que rindan cuentas sobre los avances y las dificultades” finaliza el especialista.

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