El Poder Judicial declaró improcedente el recurso de hábeas corpus presentado por el senador Fernando Rospigliosi, con el que buscaba anular el proceso judicial y la sentencia de nueve meses de prisión suspendida que pesa en su contra por el delito de difamación agravada contra la exfiscal de la Nación y actual decana del Colegio de Abogados de Lima, Delia Espinoza.

La decisión fue tomada por el juez Jorge Ramírez, del Quinto Juzgado Constitucional de Lima, quien determinó que no correspondía realizar un control constitucional sobre la condena debido a que esta aún no es firme. En su resolución, el magistrado enfatizó que los mecanismos ordinarios de impugnación deben agotarse antes de que proceda un cuestionamiento en sede constitucional.

Rospigliosi fue sentenciado en abril pasado por publicaciones en redes sociales en las que calificó a Espinoza como “aliada del terrorismo y de las economías informales”. La defensa del legislador argumentó que la jueza suprema Norma Carbajal, quien emitió el fallo en primera instancia, no realizó una valoración adecuada de los hechos y que su representado fue procesado bajo una lógica propia de delitos comunes, lo que, a su juicio, vulneraba sus derechos fundamentales.

Sin embargo, el juez Ramírez consideró que el hábeas corpus no era la vía idónea para atacar una sentencia que todavía puede ser revisada por el tribunal de alzada. Actualmente, tanto la defensa de Rospigliosi como la propia Delia Espinoza han presentado recursos de apelación, por lo que el caso continúa en trámite y la responsabilidad penal del senador podría ser reevaluada en segunda instancia.

La resolución no cierra del todo el camino judicial para Rospigliosi. Su equipo legal aún tiene la posibilidad de apelar la improcedencia del hábeas corpus y, si persiste en la vía constitucional, el expediente podría llegar eventualmente al Tribunal Constitucional. Mientras tanto, la sentencia de prisión suspendida se mantiene vigente, aunque no ejecutable hasta que se resuelvan los recursos pendientes.

El caso, que mezcla política, justicia y libertad de expresión, sigue generando debate en la opinión pública y mantiene en vilo a ambos sectores, a la espera de una definición que podría sentar precedentes sobre los límites del discurso público contra funcionarios judiciales.