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Preparándonos para Viena 2028: Perseguir las economías ilegales que destruyen nuestros recursos naturales es ir más allá del daño ambiental

Los delitos ambientales representan hoy en día un desafío que supera en gran medida a la protección de los recursos naturales. Actividades como la minería ilegal, la tala ilegal y el tráfico ilícito de vida silvestre no suelen desarrollarse de manera aislada, sino por el contrario detrás de estas actividades ilícitas existen cadenas de suministro, redes logísticas, mecanismos de financiamiento y estructuras que permiten movilizar, ocultar e incorporar las ganancias ilícitas obtenidas producto de estas actividades ilegales a la economía formal. Por ello, limitar la respuesta estatal a identificar a quienes son los que ejecutan materialmente estas actividades ilícitas no es suficiente para combatir y contrarrestar los delitos ambientales.

La investigación debe avanzar hacia quienes financian, organizan, facilitan, comercializan y obtienen los beneficios finales. Esto exige comprender el funcionamiento de la actividad criminal en su conjunto y conectar el daño ambiental con sus dimensiones económica, financiera y patrimonial.

En dicho escenario, la articulación entre las diferentes fiscalias especializadas resulta fundamental. Cada uno de los subsistemas del Ministerio Público, entre ellas las Fiscalías Especializadas en Materia Ambiental, las Fiscalías contra la Criminalidad Organizada, las fiscalías competentes en lavado de activos y las Fiscalías Especializadas en Extinción de Dominio desde sus competencias, puede aportar una perspectiva distinta y complementaria, ya que investigar los delitos ambientales, identificar la estructura criminal, reconstruir el recorrido de los recursos, detectar posibles operaciones de lavado y promover, cuando corresponda, la persecución de los bienes y la recuperación de activos vinculados a estas actividades ilícitas.

Esta articulación interinstitucional no debería activarse únicamente cuando una investigación ya está avanzada. Debe formar parte de la estrategia desde sus primeras etapas. La construcción de hipótesis conjuntas o investigaciones en paralelo permiten definir qué información se necesita, qué institución puede proporcionarla y qué diligencias deben priorizarse. De esta manera, se evita la fragmentación de las investigaciones y se generan sinergias entre las entidades competentes, contribuyendo a fortalecer la respuesta del Estado frente a los delitos ambientales que amenazan la Amazonía peruana y a desarrollar investigaciones más integrales y efectivas.

El aporte de las autoridades administrativas es igualmente decisivo. Las entidades de fiscalización ambiental, los gobiernos regionales, las autoridades tributarias y aduaneras, los registros públicos y la Unidad de Inteligencia Financiera administran información que puede resultar determinante para esclarecer las investigaciones. Los reportes de supervisión, las autorizaciones y los registros administrativos permiten contrastar la actividad declarada con lo ocurrido en el territorio; la información tributaria y aduanera ayuda a reconstruir operaciones comerciales y movimientos de mercancías; los datos financieros y registrales contribuyen a identificar flujos de dinero, relaciones económicas, titularidades y patrimonio.

El verdadero valor de esta información aparece cuando se analiza de manera integrada y responde a necesidades concretas de investigación. Por ejemplo, contrastar los movimientos financieros de una persona o empresa con su actividad económica declarada, los bienes que registra y su posible vinculación con una cadena de extracción o comercialización ilegal puede abrir nuevas líneas de investigación y ayudar a identificar a quienes se benefician de la actividad criminal. Todo ello debe realizarse respetando las competencias de cada institución.

El desafío es pasar de la colaboración esporádica a una articulación sostenida, con canales de comunicación, intercambio oportuno de información, planificación de diligencias y claridad sobre las responsabilidades institucionales. Asimismo, en territorios amazónicos con escenarios transfronterizos, la cooperación entre países puede ser indispensable: las operaciones, los responsables, los productos y los activos no necesariamente permanecen en el lugar donde se cometió el hecho.

Una respuesta integral frente a los delitos ambientales supone, en definitiva, investigar el daño, pero también la economía que lo hace posible. No basta con intervenir en el territorio si quienes financian y se benefician de estas economías ilegales permanecen fuera del alcance de la investigación. La coordinación entre fiscalías y autoridades administrativas permite conectar evidencias, reconstruir las cadenas criminales y avanzar hacia la identificación de responsabilidades y beneficios ilícitos. Proteger el ambiente también exige seguir el dinero, afectar las estructuras que sostienen estas economías y evitar que el delito siga siendo un negocio rentable.

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