En Tarapoto
Luego de conocer la decisión de la resolución de fiscalía sede Tarapoto, que dejó en libertad a Neiser Omar Vega Delgado, chofer cuyo dosaje etílico sobrepasaba el límite de alcohol por litro de sangre permitido por ley, al momento del accidente que ocasionó la muerte del docente Ricardo Quevedo Ramírez, el abogado Guillermo Barandiarán, como nueva defensa técnica de la familia del occiso, presentó un escrito de apelación contra la disposición fiscal.
Según lo señalado por el hombre de leyes, luego de un somero análisis, asegura que en el caso del fallecimiento del docente Quevedo Ramírez existen hasta dos delitos, uno el homicidio culposo agravado y la omisión de prestar auxilio. “El agresor actuó con una grave alteración de la percepción por encontrarse en un exagerado grado de embriaguez y el haber omitido prestar auxilio, ha dejado tirado como si se tratase de un animal, al profesor, y se ha dado a la fuga. Esas dos circunstancias son más que suficientes para que la fiscalía haya pedido prisión preventiva y no comparecencia con restricciones”, declaró el abogado Barandiarán.
Para el abogado de la familia del fallecido docente, existe otra grave irregularidad en este proceso, pues afirma que la fiscalía no realizó una serie de diligencias, pese a eso decidió incoar, es decir dar un proceso inmediato; “eso es ilegal, no es justo, porque existe complejidad en la investigación, se tienen que realizar muchas diligencias para el esclarecimiento del hecho, como por ejemplo la existencia de terceros civiles responsables, es decir, el dueño del vehículo debió ser incorporado en las investigaciones, con todo eso no se debió pedir proceso inmediato” explicó.
“En cinco días debemos exponer ante la Sala, todos los argumentos. No se puede determinar de ese modo, no se puede ir en contra o sobre la vida de una persona como si el dinero fuese todo, sobre todo de un educador, de un escritor, de un deportista, de un dirigente, de un padre de familia” acotó.
Finalmente, exigió que este caso se ventile por las reglas comunes de un hecho de esta naturaleza, donde existe un conductor con un dosaje etílico que pasa el 0.96 por ciento de alcohol por litro de sangre. Hasta lamentó que la defensa anterior, cómo se portó frente a la postura del Ministerio Público, pues para él, el peligro de fuga está latente. “Pese a que el delito no es latente, la pena entre esos dos delitos que expuse supera largamente los cuatro años. No descartó solicitar al Órgano de Control del Ministerio Público de Moyobamba aperturar una investigación disciplinaria a la fiscal responsable de las investigaciones”, añadió.